JUSTICIA

Consideraran que sus declaraciones públicas comprometen su imparcialidad en la revisión de la ley.

Valledupar, 27 de enero de 2026.- La Presidencia de la República presentó una nueva recusación contra el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, con el fin de apartarlo del análisis de la reforma pensional, una de las iniciativas más relevantes del actual gobierno en materia económica y social.

La solicitud fue radicada el lunes 26 de enero de 2026 y lleva la firma del secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo. En el documento, el Ejecutivo sostiene que el magistrado ya fijó una postura pública sobre la Ley 2381 de 2024, lo que, a su juicio, activa una causal de recusación y le impediría participar en el debate constitucional de la norma.

Según el gobierno, Ibáñez se refirió a presuntos vicios en el trámite legislativo de la reforma durante una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, en la que señaló que las irregularidades detectadas no habrían sido corregidas pese a advertencias previas. Para la Presidencia, esas declaraciones constituyen una opinión anticipada sobre la constitucionalidad de la ley.

En la argumentación presentada, Ocampo afirmó que basta una sola manifestación pública del magistrado para configurar la causal prevista en el artículo 25 del Decreto 2067, y advirtió que sus pronunciamientos se dieron en un momento institucional sensible, marcado por tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.

La recusación cobra especial relevancia porque Ibáñez es el magistrado ponente del proceso que estudia la reforma pensional, actualmente en revisión tras la demanda presentada por la senadora y aspirante presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. El proyecto se encuentra bajo análisis de la Sala Plena, integrada por nueve magistrados.