CONGRESO

Valledupar, 21 de agosto de 2019.- A los funcionarios les quedaría prohibido patrocinar y prestar bienes públicos para espectáculos que incluyan el maltrato de los animales, como las corridas de toros.

Así se establece en un proyecto de ley que aprobó la Comisión Primera, en tercer debate, y que busca adoptar medidas para contrarrestar el maltrato y abandono animal, garantizar su dignidad como seres sintientes y crear una cultura cívica sobre la protección de la fauna y el medio ambiente.

En medio de la discusión de la iniciativa, que pasó a estudio de la plenaria del Senado, el senador Gustavo Petro propuso que se ampliará la protección animal, más allá de los domésticos y por ello pidió incluir en el articulado que se prohibiera que ” los recursos, patrimonios y bienes públicos se utilicen para patrocinar espectáculos que incluyan el maltrato de los animales”. La disposición fue votada afirmativamente.

Recordó que aunque esté prohibido, muchos espectáculos con animales se financian con dineros públicos. “En este proyecto debemos coger los toros por los cachos”, frente a este tema.

Debido a que durante el estudio del proyecto se cuestionó lo relacionado con la financiación de una política pública animalista, la senadora Esperanza Andrade propuso que el 20 por ciento de las multas impuestas por violar el Código de Policía se utilizaran como recursos para poner en práctica esa política.

Como complemento de ello se aprobó que mientras no se disponga de un centro de bienestar animal público, albergues municipales para fauna u hogar de paso público, el distrito o municipio podrán contratar los servicios de los refugios o fundaciones de carácter privado dedicados exclusivamente a casos de abandono, restablecimiento y procedimiento de adopción.

La congresista María Fernanda Cabal se mostró de acuerdo con la iniciativa y dijo que los alcaldes que puedan buscar financiación para la política pública animalista, que lo hagan, por ejemplo, través de convenios. “Entre menos regulación, fluyen mejor las cosas”.

Ante ello y en medio del debate se recomendó que en el articulado quedara claro que los alcaldes quedaban facultados para poder firmar convenios con empresas privadas.

Sin embargo, el legislador Roosevelt Rodríguez dijo le preocupaba que el proyecto pudiera tener problemas de índole financiero.

En medio de la discusión, el congresista Temístocles Ortega recordó que la Ley 84 de 1989 contiene disposiciones muy similares al proyecto que se estudia y preguntó qué la hacía diferente respecto a la nueva iniciativa que se estudiaba y que posteriormente fue aprobada. Este proyecto ya cumplió los dos debates reglamentarios en la Cámara de Representantes

Minuto de silencio

En medio de la sesión, el legislador Roy Barreras recordó que se estaban cumpliendo 30 años del asesinato del líder político y exsenador de esa célula legislativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Evocó que el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y el excongresista Federico Estrada Vélez también habían pertenecido a esa Comisión y de igual forma habían sido asesinados. Por ello pidió un minuto de silencio en su memoria.

Posteriormente se leyeron cinco proposiciones, en los que se propusieron varios debates de control político, entre ellos el relacionado con el tema del presupuesto 2020, el cual se realizaría el lunes de la próxima semana, con la presencia de varios ministros del Despacho.