GOBIERNO, JUSTICIA

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial alertó al Ministerio de Hacienda por una nueva reducción presupuestal para 2026, que se suma a un recorte previo de $4,4 billones. El presidente de la Comisión, Jorge Vallejo Jaramillo, pidió al Gobierno abrir mesas técnicas para revisar el impacto y buscar una ampliación de recursos.

Valledupar, 22 de octubre de 2024- La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su preocupación al Ministerio de Hacienda por un nuevo recorte de $695 mil millones al presupuesto proyectado para 2026.

Esta reducción se suma al ajuste inicial de $4,4 billones frente a la solicitud original de $16 billones, lo que deja el monto total en $11,6 billones.

El presidente de la Comisión Interinstitucional y de la Judicatura, Jorge Vallejo Jaramillo, advirtió que el ajuste “es muy delicado porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales, además de fortalecer y robustecer la Rama Judicial”.

Vallejo señaló que estos recursos son esenciales para la puesta en marcha de los nuevos despachos laborales contemplados en la reciente ley de procedimiento y competencia, así como para el fortalecimiento de la infraestructura judicial en el país.

“Empezamos un diálogo firme y cordial con el Gobierno Nacional, que esperamos pueda rendir frutos para generar mesas técnicas de trabajo, que posibiliten el incremento del presupuesto 2026 y permitan realizar ajustes que garanticen más recursos para la administración de justicia”, señaló el funcionario.

Durante la reunión participaron el viceministro general de Hacienda, Carlos Betancurt; la directora general del Presupuesto Público, Martha Hernández; los presidentes y vicepresidentes de las Altas Cortes, representantes de la Fiscalía General de la Nación y delegados de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

La Comisión insistió en que el fortalecimiento presupuestal es una condición indispensable para garantizar el acceso a la justicia, la descongestión de los despachos y la consolidación de una justicia laboral eficaz y cercana al ciudadano.

“Colombia necesita a sus jueces, y los jueces necesitan del respaldo institucional para cumplir su misión”, concluyó Vallejo Jaramillo.