AGRONOTAS

El gremio de agricultores denuncia un incremento desproporcionado en el avalúo catastral de los predios rurales. La nueva normatividad eleva la base de liquidación del impuesto predial y amenaza con procesos judiciales. La movilización será el 9 de abril en Esmeralda.

Barranquilla, 3 de abril de 2025.- A través de un comunicado de prensa, los productores agropecuarios de Sincé, representados por Fegasince Sabanas, Fegacoop, Asofegasince y respaldados por Ganasucre, informaron sobre las movilizaciones que llevarán a cabo para su inconformidad ante el aumento del avalúo catastral de los terrenos rurales en la región.

Estas manifestaciones de protestas de los Ganaderos fueron aprobadas en la Asamblea General de Fegasincé Sabanas en Sucre el pasado 24 de marzo, con fecha a mes de Abril para protestar por los altos avalúos, el alto valor del impuesto predial y se acordó solicitarle al Alcalde y al Concejo Municipal la rebaja de la tarifa del impuesto del 16 al 5 por mil.

Din embargo este ajuste, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, ha generado preocupación debido a que aumenta de manera significativa el injustificada la base que sirve para calcular el impuesto predial, aplicando la tarifa máxima permitida por la ley.

Según los promotores de la protesta, este aumento podría llevar a muchos productores a enfrentar procesos judiciales coactivos por embargos y expropiaciones si no logran cumplir con las nuevas obligaciones fiscales.

Advierten igualmente, que la medida también afecta al sector urbano, obligando a propietarios de pequeños inmuebles a declarar renta ante la DIAN y enfrentarse a mayores costos en servicios públicos, junto con la pérdida de subsidios y beneficios legales.

La marcha se llevará a cabo el miércoles 9 de abril a las 2:30 p.m., con punto de encuentro en la Plaza de la Virgen del Carmen en Esmeralda. Bajo el lema “Nos defendemos juntos o nos clavan por separado”, los organizadores hacen un llamado a la solidaridad entre los afectados para exigir un ajuste más justo que no comprometa la sostenibilidad económica del sector agropecuario ni el bienestar de las comunidades rurales.