JUSTICIA, REGIONALES

La entidad formuló un requerimiento oficial a autoridades ambientales y de salud para que verifiquen la condiciones físicas, químicas y biológicas del agua en sectores como la Bahía, Taganga, El Rodadero, Puerto Gaira, Playa Salguero, Pleno Mar y Bello Horizonte, tras reiteradas denuncias ciudadanas sobre afecciones cutáneas en adultos y niños.

Valledupar, 17 de julio de 2025 Santa Marta vuelve a estar en la mira de los organismos de control. Este jueves (17-07- 2025), la Procuraduría General de la Nación solicitó con carácter urgente una evaluación exhaustiva de la calidad ambiental marino-costera en varios de los balnearios más frecuentados de la capital del Magdalena, ante reportes de lesiones en la piel sufridas por ciudadanos que se bañaron recientemente en sus aguas.

El requerimiento se dirige al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa), a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag), al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) y a la Secretaría de Salud Distrital, instándolos a verificar las condiciones físicas, químicas y biológicas del agua en sectores como la Bahía de Santa Marta, Taganga, El Rodadero, Puerto Gaira, Playa Salguero, Pleno Mar y Bello Horizonte.

Según precisó la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios de la Procuraduría, la actuación preventiva está sustentada en reportes técnicos emitidos por la red de monitoreo ambiental marino-costera, además de versiones conocidas a través de medios de comunicación, que alertaron sobre posibles efectos adversos en la salud de bañistas.

Las señales de alarma incluyen brotes cutáneos en menores y adultos, que podrían estar relacionados con la exposición directa al agua marina en condiciones no aptas. La Procuraduría recordó que el uso recreacional de estos espacios exige el cumplimiento riguroso de estándares de calidad ambiental que garanticen su idoneidad para el contacto primario y secundario, especialmente en una ciudad cuya economía y vocación turística dependen en gran medida de sus playas.

En ese sentido, el ente de control instó a las autoridades locales para demuestren si se han mantenido o no los parámetros de seguridad que exige la normativa ambiental vigente. Esta solicitud se suma a un creciente debate sobre la sostenibilidad del litoral samario, especialmente en zonas cercanas al emisario submarino de aguas residuales, cuya incidencia ha sido señalada en otras investigaciones y procesos judiciales.

Aunque el boletín no menciona directamente esta infraestructura, los balnearios incluidos en la revisión coinciden con las áreas señaladas como críticas en anteriores monitoreos técnicos. Por ahora, se espera que las entidades convocadas por la Procuraduría entreguen un diagnóstico robusto que permita esclarecer si existe una relación entre la calidad del agua y las afectaciones denunciadas.

Finalmente, la ciudadanía, afectada en su salud y asaltada en su buena fe, exige transparencia, medidas preventivas y respuestas concretas que garanticen su derecho al uso seguro de los bienes naturales que ofrece el territorio.