EN CAMPAÑA, JUSTICIA

Barranquilla, 21 de septiembre de 2018.- En un comunicado a la opinión pública, la Procuraduría General de la Nación, informó que el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, formuló pliego de cargos contra la exrepresentante a la Cámara, Aida Merlano Rebolledo, por presunta compra de votos y fraude electoral en los comicios realizados el 11 de marzo de 2018, la decisión tiene que ver con las investigaciones que inició la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente trasladó a la Corte Suprema de Justicia teniendo en cuenta que Merlano es aforada de ese alto Tribunal.

Según Carrillo Flórez, “la excongresista pudo ver comprometida su responsabilidad disciplinaria porque, fungiendo aún como representante a la Cámara, posiblemente cometió el delito de corrupción al sufragante, toda vez que, al parecer, entregó dinero con el propósito de que los electores votaran por ella como candidata al Senado de la República para el periodo 2018-2022”, expresó textualmente en el documento.

El jefe del órgano de control califica la conducta de Merlano Rebolledo presuntamente como irregular “porque en su sede de campaña, ubicada en el barrio El Golf de Barranquilla, tenía una supuesta estructura dedicada a la compra de votos”.

Según el Ministerio Público tienen “registros de las cédulas de ciudadanía encontradas en el inmueble, además de las certificaciones electorales, listados de puestos de votación, recibos de caja menor, letras firmadas en blanco, adhesivos con la leyenda “Gracias por tu apoyo”, armas de fuego, entre otros elementos, lo cual consideran un material probatorio para procesarla.

El Procurador advirtió que la conducta por la que se investiga a la excongresista atenta contra los valores y principios democráticos y el derecho que tienen los ciudadanos a un voto libre.

“Los elegidos popularmente representan al pueblo, deben actuar consultando a la justicia y el bien común, responden políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”, advirtió en la decisión. El Procurador calificó la presunta falta de la disciplinada como gravísima, cometida a título de dolo.