DESCENTRALIZADOS

Repudió asesinato de hijos de Bernardo Cuero y exigió más acción y menos retórica del Estado

Barranquilla, 22 de marzo de 2018.- Este martes en Bogotá, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, manifestó su preocupación por el sistema de protección de líderes sociales y exhortó al Estado a tomar acciones que vayan más allá de la retórica y las buenas intenciones, para detener la masacre de los defensores de derechos humanos, a manos de actores armados indeterminados. Carrillo fue enfatico en señalar que ese sistema de protección fracasó.

Denunció que las cifras de organizaciones de derechos humanos, a la fecha, reportan 59 personas asesinadas en el municipio de Tumaco, Nariño. Entre enero y febrero, según la Presidencia de la República, fueron asesinados 11 líderes sociales y defensores de derechos humanos en ocho departamentos. La organización Somos Defensores señala 27 víctimas en los primeros tres meses del año y la Defensoría del Pueblo 22 en los primeros 59 días del 2018.

El Jefe del Ministerio Público repudió el asesinato de Silvio Dubán Ortíz Ortíz, de 27 años, y Javier Bernardo Cuero Ortíz, de 32 años, hijos del también asesinado líder social Bernardo Cuero, en hechos ocurridos el pasado lunes 19 de marzo en el barrio Independencia de Tumaco, y advirtió sobre la aplicación de la Directiva 002 del 14 de junio de 2017 a los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan incumplido su deber de servir de garantes del derecho a la vida de los líderes sociales.

El pronunciamiento también fue enviado a los medios de comunicación, en el que anunció que la Procuraduría Delegada del Ministerio Público para Asuntos Penales constituyó una agencia especial para investigar los asesinatos de los hijos de Bernardo Cuero y su intervención en 40 procesos penales en los que los defensores de derechos humanos sean víctimas o hayan sido judicializados sin justa causa.

Carrillo Flórez también cuestionó muy duramente el modelo de protección individual que adelanta la UNP, y llamó a hacer efectivos los reclamos de las organizaciones por mecanismos de protección colectiva.

“Es inaudito e inadmisible que en una población como Tumaco, que fue militarizada para supuestamente garantizar la seguridad de la comunidad, la muerte de los líderes no se detenga. Exhortó a las autoridades locales y regionales a asumir sus compromisos en la defensa de la vida de los líderes sociales”, puntualizó.