COLUMNISTAS, INVESTIGACION

Por: Jorge Vergara Carbó

El proceso de privatización de los servicios públicos domiciliarios se inicia con la expedición de las leyes 142 (Servicios Públicos Domiciliarios) y 143(ley Eléctrica) del año 1.994. Antes de privatizar las electrificadoras de la Región Caribe, se dio la privatización de la generación de energía con los proyectos de TEBSA, TERMOFLORES Y SOPESA en nuestra región, obligando a CORELCA que comprara toda la energía y potencia que generarán estos proyectos con las consecuencias negativas para la empresa, debido a que el precio que se pagaba en ese entonces como compensación para garantizarle al país un suministro de energía y potencia estable no cubría los costos en que incurriría Corelca al no poder vender esa energía y potencia en el mercado colombiano por problemas de precio, ya que no podía competir con la generación hídrica existente en el país, lo que implicaba que por haber otorgado el aval para esos proyectos el gobierno nacional, la falta de caja de Corelca se cubría vía Presupuesto General de la Nación anualmente en una suma promedio de $200.000 millones, que se le cobraban a Corelca como deuda con la Nación. Esto permitió al igual que con “URRA” la Nación a través del Ministerio de Hacienda  y del ministerio de Minas y Energía, se convirtieran en la propietarios de Corelca (hoy Gecelca )y  “URRA”. En su junta directiva quién manda es Minhacienda y no Minminas. La participación accionaria en Urra en ambos ministerios es del 99.9%, teniendo Minhacienda el 77.7%. Los departamentos  y  Cámaras de Comercio del caribe colombiano son socios del proyecto con algunos particulares y tienen el 0.1% de las acciones. En Gecelca, el mayor accionista es Minhacienda con un porcentaje superior al 70%. Los otros accionistas son Electrificadora de Boyacá, la Cooperativa de empleados del sector eléctrico y 154 empleados de Gecelca

¿PORQUE SE QUIEBRA CORELCA?

La Ley Electrica143/94), obligó a CORELCA a desmembrarse al impedirle seguir integrada verticalmente como lo venía haciendo, atendiendo la generación, la trasmisión y la distribución y comercialización esta última a través de sus ocho electrificadoras donde poseía el 90% de las acciones. Igualmente la ley obligó a las electrificadoras a comprar la energía para atender su demanda mediante licitación pública y no directamente a CORELCA, con las implicaciones que conllevaba esta decisión ya que forzaba a que la Corporación perdiera parte de su mercado cautivo. Pero la ley también permitió que las empresas industriales y las grandes superficies de comercio compraran la energía en bloque directamente a los productores (hoy la limitación es de medio megavatio, antes era de 2 megavatios instalados), bajándoles la tarifa una vez entro en vigencia la ley de $150 pesos que en ese entonces pagaba por kilovatio a una tarifa que oscilaba entre $30 y $50 pesos, el kilovatio, más el 20% que pagaba ´por la sobretasa para cubrir el pago de los subsidios(Hoy no pagan ese 20%, es decir no contribuyen a pagar el subsidio para los más pobres y no son clientes de las electrificadoras. Esta decisión deterioro significativamente el flujo de caja de las electrificadoras  al perder el mercado pulpa y quedarse en principio con la pequeña industria y comercio por supuesto sus índices de gestión especialmente  cartera y pérdidas de energía. Es bueno aclarar que antes de la Ley 143/94, las Electrificadoras no recibían subsidio para redes subnormales, ni para cubrir las tarifas de los estratos 1, 2 y 3. Otro golpe fue la autogeneración facilitada por las medidas económicas y tributarias tomadas por el gobierno las cuales fueron aprovechas por muchas empresas para autoabastecerse. Incluso hoy existe una disposición legal para que puedan vender el excedente de energía y potencia que tengan disponible en el mercado.

El otro golpe mortal fue quitarle a CORELCA la trasmisión y entregársela a ISAGEN (empresa que después se partió en dos, ISA (trasmisión)ISAGEN (generación), esta última privatizada en parte a un grupo económico Canadiense, en una venta controvertible. Igualmente haber dejado a CORELCA solo con la generación de Termoguajira, y la participación que le correspondía en TEBSA al privatizar las plantas de Termobarranquilla y venderle al Ministerio de Hacienda la planta de Termocartagena, en unos US$150 millones(que era la deuda con la Nación por esa planta), la cual después el Ministerio de Hacienda la vendió a ex trabajadores de Corelca y otros en US$15 millones, lo que significó un escándalo con protesta del doctor Álvaro Gómez Hurtado, pero que a la larga quedo en nada.

Como resultado de ese proceso, CORELCA terminó quebrada, acabando con la única empresa que integraba teórica y físicamente a la Región Caribe.

En cambio los paisas y Bogotanos (EPM  y Energía de Bogotá) pudieron mantener su estructura administrativa y sus negocios integrados verticalmente lo que les ha permitido no solo atender a su mercado cautivo, sino expandirse a otras zonas del país, expansión que no ha sido mayor debido a la restricción existente en la ley de no sobrepasar el 25% del mercado de distribución. Medida que hoy quieren modificar bajo el sofisma de distracción de poder conseguir un operador privado o público para la Región Caribe. De modificarse la ley eléctrica en ese porcentaje, la posición dominante de EPM o EEBB, sería tan grande que terminarían imponiendo el precio del kilovatio hora, a pesar de existir controles y fijación de precios por el gobierno nacional.