CONGRESO

Valledupar, 4 de junio de 2025.- El presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia inició una serie de acciones en la defensa no solo de la Corporación sino del país ante el acecho por parte del régimen, entre estas se encuentra la pesentación ante la ONU, La CIDH y la OEA de una alerta temprana por la consulta popular vía decreto.

Cepeda Sarabia argumentó la vulneración a la separación de poderes y sustitución de la voluntad del congreso.

Lo anterior con el fin de que estos Organismos internacionales tomen medidas y exhorten al respeto constitucional.

Otra de las acciones ejercidas por el presidente del Congreso, informó que el registrador nacional, Hernán Penagos, ya recibió la notificación oficial del Senado sobre el archivo de la consulta popular promovida por el gobierno de Gustavo Petro, decisión que fue tomada el pasado 14 de mayo con una votación de 49 en contra y 47 a favor.

Según Cepeda, esta certificación es suficiente para frenar cualquier intento de convocatoria a las urnas, como lo pretende hacer el presidente Gustavo Petro mediante un decreto que estaría próximo a ser expedido.

“El registrador debe verificar que se cumplan todos los requisitos, y uno de ellos es el visto bueno del Senado. Como ese requisito no se cumplió, no puede haber consulta”, aseguró el congresista.

Cepeda también precisó que, de emitirse el decreto presidencial, este tendría carácter administrativo y, por tanto, su legalidad debería ser revisada por el Consejo de Estado, no por la Corte Constitucional, como ha sugerido el Ejecutivo. “Ellos pueden presentar una tutela ante la Corte, pero lo correcto es que el caso sea evaluado por el Consejo de Estado”, agregó.

El presidente del Congreso advirtió que, de insistir el gobierno en convocar la consulta sin respaldo del Legislativo, se estaría vulnerando la separación de poderes. “Es una ruptura institucional. El Ejecutivo no puede tratar al Congreso como un apéndice. Si tienen dudas, deben acudir a la justicia, no pasar por encima de ella”, afirmó.

Cepeda también rechazó el eventual gasto de más de 800.000 millones de pesos en una consulta popular que, a su juicio, busca beneficiar intereses electorales. “En el Congreso no vamos a permitir que se derrochen esos recursos en una campaña anticipada”, concluyó.