JUSTICIA

Debieron ser previsibles de acuerdo a la información que tenían y ser garantes para proteger a la población: Fiscalía

Barranquilla, 30 de noviembre de 2017.- Por omisión en desastre de Mocoa, lo que llevaría a cargo por homicidio culposo, entre otras conductas la Fiscalía imputará cargos a gobernadora de Putumayo, al alcalde y al exalcalde de esa ciudad, funcionarios a quienes responsabiliza el ente acusador por haber presuntamente desatendido la posición de garante que los obligaba a actuar con diligencia para proteger la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo, que posteriormente fueron anegadas por una gigantesca avalancha, ocurrida entre el 31 de marzo y el 1 de abril del presente año.

Afirma la Fiscalía en un pronunciamiento “que a pesar de la normatividad en la que los funcionarios públicos deben ser garantes, en las últimas décadas se han presentado desastres naturales que han cobrado la vida de miles de colombianos, aunque existía la previsibilidad de sus efectos. Como ejemplo recordó la erupción del Volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985, y su efecto devastador sobre los habitantes de la ciudad de Armero, Tolima”.

Argumenta el ente acusador que en situaciones como esta “es deber de la Fiscalía confrontar la conducta asumida por las autoridades que forman parte del Sistema de Atención y Prevención de Desastres, frente a los deberes que les asiste por su “posición de garante”, con el objeto de que la indolencia, la negligencia y la imprudencia frente a la obligación de prevención, no queden impunes”.

Explica la Fiscalía en su documento informativo que el artículo 25 del Código Penal Colombiano y la propia jurisprudencia han definido con amplitud el término de la posición de garante. Añade además que al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 25.536 del 27 de julio de 2006, y con ponencia del entonces magistrado Álvaro Orlando Pérez Pinzón resaltó:

“Posición de garante es la situación en la que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable.

Cuando quien tiene esa obligación la incumple, y con ello hace surgir un evento lesivo que podía ser impedido, abandona la posición de garante.

En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido.”

Lo que según la Fiscalía “se incumplió al desatender la posición de garantes que, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, les exigía proteger la vida de las personas que habitaban las zonas de riesgo e impedir que se produjera un resultado catastrófico. Los altos funcionarios habrían omitido tomar las medidas necesarias para evitar las muertes registradas el 31 de marzo y 1 de abril de 2017, más aún cuando era previsible y había probabilidades altas de un desastre natural de semejante magnitud, porque se conocía el grado de amenaza, vulnerabilidad y peligro inminente en el que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas”.

El desastre de Mocoa

Las acciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación días después de la avalancha de lodo, piedra y escombros que dejó 336 personas muertas y alrededor de 100 desaparecidos en Mocoa, entre el 31 de marzo y el 1 de abril del presente año, permitieron identificar la existencia oportuna de varias alertas y llamados ambientales que anunciaban la tragedia y habrían sido desacatados por las autoridades.

El ente acusador firma que tiene elementos probatorios recopilados que evidencian que, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas. Tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias.

En las inspecciones judiciales se constató adicionalmente que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial cambió el uso del suelo, de zona forestal a área de expansión urbana, y permitió el asentamiento de comunidades muy cerca de la ronda de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, y varios de sus afluentes; con lo cual fueron desestimadas las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía). Los ríos mencionados fueron los que se desbordaron y sirvieron de canal para que el alud arrasara con 17 barrios de Mocoa que invadieron las zonas de protección y conservación ecológica.

Por lo anterior la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por los anteriores hechos y las presuntas irregularidades identificadas, contra los siguientes funcionarios y exfuncionarios:

• Soy Sorrel Aroca Rodríguez, actual gobernadora de Putumayo, por el delito de homicidio culposo en posición de garante.
• José Antonio Castro Meléndez, alcalde de Mocoa, por los delitos de homicidio culposo en posición de garante, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
• Elver Porfidio Cerón Chincuque, exalcalde de Mocoa 2012 – 2015, por los delitos de homicidio culposo en posición de garante, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

La audiencia de imputación contra la gobernadora de Putumayo, Soy Sorrel Aroca Rodríguez, se realizará el 30 de noviembre del presente año en el Tribunal Superior de Bogotá; mientras que las diligencias contra el alcalde y el exalcalde de Mocoa se cumplirán el 6 de diciembre, en la ciudad de Neiva, Huila.