COLUMNISTAS

La primera experiencia cercana a una acción de expropiación sin ningún tipo de indemnización, fue con el dictador de Venezuela Hugo Chávez, que en su revolución agraria fundamentada en la ley de expropiación por causa de utilidad pública e interés social, se concentró en quitar las tierras a quienes las tenían produciendo, adjudicándoselas a los beneficiados sin ningún tipo de instrucción, preparación o vocación para practicar actividades del campo, aboliendo de tajo la propiedad privada y los medios de producción para que pertenecieran al Estado.

Así piensa y actuará el dictador Petro, porque por lo pronto ha expropiado previa indemnización 135.000 hectáreas, para una meta de 3.000.000 en su gobierno, con el objetivo de darle cumplimento a la PAZ TOTAL, sin importar que sean delincuentes en ejercicio los beneficiados por medio del decreto 003 de 2025, para promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra ajena, solo que a diferencia de Chávez, impuso las siguientes limitaciones; la primera, que antes de cualquier compraventa radicada en la notaría, el propietario tiene necesariamente que notificar a la Agencia Nacional de Gestión de Tierras, para decidir si ejerce su derecho preferente de compra, entidad que tiene un plazo de 15 días para responder y la segunda, con los poseedores de tierra por falsa tradición, quienes han permanecido como dueños durante muchos años según constancia registral, pero que carecen de posibilidades escriturales hasta que la ANT decida que hacer con ellas, con altas posibilidades de declararlas baldías y quedarse con estas.

Estas singulares medidas, nunca reguladas por gobierno democrático alguno, se convierte en una restricción a la libre disposición de la propiedad, en una incertidumbre al proceso de venta, en injerencia en el valor de la propiedad, desaceleración de la duración de las transacciones privadas, evitando así la negociación libre entre la oferta y la demanda.

También ha sido una constante de este gobierno, en la formulación de este proyecto político de adjudicación de tierra, la insuficiencia de diagnósticos sobre las experiencias y antecedentes que surgieron con las reformas agrarias anteriores, porque hasta hoy más del 80% de las parcelas han sido vendidas, por falta de programas específicos de seguridad ciudadana, basada en el incremento del conflicto armado que automáticamente los han llevado a desalojos masivos, afectando hasta el momento a 77.000 personas desplazadas en el Caquetá, Cauca, Magdalena medio, Catatumbo y otras regiones del país.

Es este el inicio de una revolución, para darle una estocada final a la propiedad privada que se ha conseguido a punta de esfuerzos de las familias afectadas, con el levantamiento del resentimiento social que apoya el vandalismo y la destrucción de inmuebles, robos por doquier, allanamiento de moradas, invasión de tierras, extorción, fraude, estafas y ciberataques digitales a la información notarial, registral y catastral, mientras tanto Petro consiga la reforma a la Constitución, que le permita a su antojo expropiar a la fuerza, industrias y toda propiedad privada que se encuentre en su camino; de eso no les quepa la menor duda.

Ante estas preocupantes pretensiones, no se trata aquí de impedir el libre pensamiento de todas aquellas personas, que piensan que lo que hace el comandante Petro hace está bien hecho, puesto que, lo que advierto al libre pensador, es que es de su responsabilidad asumir el riesgo de la implantación de un poder dictatorial, sin retorno, por pensar sin la razón y la lógica, permitiendo que se viole la libertad individual e independencia de poderes, llevando el control del gobierno al exceso, concentrando su poder económico y social con la incautación a las propiedades individuales.

De manera que será una responsabilidad histórica la de aquellas personas resentidas sociales, que prefieren favorecer la implantación de una dictadura, sin antes luchar por la democracia social.!