
En ninguna democracia solida del mundo se ha visto que un presidente en ejercicio convoque un paro nacional de sindicatos, mingas indígenas, obreros y empleados públicos para presionar a otros poderes del Estado.
La movilización ciudadana es un derecho legítimo, pero su instrumentalización desde el poder ejecutivo para intimidar a uno de los poderes en los que se soporta la democracia de Colombia representa un grave atentado contra la institucionalidad.
Tenemos claro que el presidente Petro está impulsando una movilización nacional para mañana y el jueves, con posibilidades de ser extendida con el fin de presionar la aprobación de sus reformas políticas. La presencia del presidente de la republica en la convocatoria rompe los limites de su competencia constitucional y desdibuja la separación de poderes, piedra angular de nuestra democracia. Si a partir de esta convocatoria se presentan actos de vandalismo, ataques a instituciones o desórdenes públicos, es necesario preguntarse: ¿podría el señor Petro ser considerado responsable jurídica y penalmente por los hechos y desmanes que se puedan presentar? Si el mandatario está considerando que su sola figura presidencial y el fuero que lo asiste le da patente de corso para hacer lo que le venga en gana, debe saber que su responsabilidad no es impune ni ilimitada.
En un escenario de violencia derivado de la convocatoria presidencial, podrían configurarse varios tipos de delitos: 1.- Abuso de poder (art. 416 del C.P; 2.- Constreñimiento ilegal (art. 182 C.P. – 3.- Instigación a delinquir (art. 348 del C.P.); 4.- Omisión de medidas para evitar delitos (art. 417 del C.P.)
El pueblo colombiano tiene todo el derecho de movilizarse, y expresar sus opiniones. Pero el presidente tiene el deber de garantizar el orden, la legalidad y la separación de poderes. Cuando el presidente se convierte en agitador como cualquier líder de la primera línea, para doblegar al Congreso, deja de ser un fiel de balanza para convertirse en parte del conflicto.
Con su actitud Gustavo Petro, en su condición de presidente, es protagonista de una ruptura del orden institucional que puede representar los primeros pasos hacia un intento de concentración autoritaria del poder, demostrando el interés del gobierno en lo que se llamaría, un golpe de Estado Blando o autogolpe, entonces, si podríamos estar ante una modalidad moderna y peligrosa de atentar contra la democracia.
El presidente Álvaro Uribe ha sido claro en advertirnos que, ante las amenazas no nos dejemos provocar, estamos de acuerdo estimado jefe, pero debemos mantenernos alerta, porque la defensa de la democracia no empieza cuando se pierde, sino cuando se empieza a resquebrajar. Julio Bahamon.