NACIONALES, ORDEN PÚBLICO

Los nuevos datos de la Defensoría del Pueblo muestran que el reclutamiento de menores continúa concentrándose en departamentos como Cauca, Antioquia, Chocó y Nariño, donde la combinación de economías ilegales, presencia de grupos armados y debilidad institucional mantiene en riesgo a la infancia.

Aunque los registros bajaron, la entidad insiste en que el problema persiste de manera constante y no responde a hechos aislados.

Valledupar, 12 de diciembre de 2025.- El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA) continúa marcando el conflicto armado en Colombia. Así lo advierte la Defensoría del Pueblo en su más reciente balance, que registra 194 casos entre enero y noviembre de 2025, una cifra menor a la de 2024, pero todavía alarmante por su persistencia territorial y su impacto sobre poblaciones históricamente vulnerables.

De acuerdo con la entidad, el fenómeno mantiene un patrón claro: las principales víctimas siguen siendo menores que habitan zonas rurales con débil presencia institucional. En este contexto, la niñez indígena concentra la mayor afectación. El 43% de los casos corresponde a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos indígenas, mientras que el 49% no se reconoce dentro de ningún grupo étnico y el 8% se identifica como afrocolombiano.

En cuanto al género, el 59% de las víctimas son niños y adolescentes varones, y el 41% niñas y adolescentes mujeres, una proporción que muestra la ampliación del impacto del reclutamiento sobre ambos sexos. En términos territoriales, los reportes se concentran en departamentos que desde hace años combinan economías ilegales, disputas armadas y precariedad institucional. Cauca, con 47 casos, encabeza la lista, seguido por Antioquia (21), Chocó (19) y Nariño (13).

El reclutamiento en estas regiones aparece como un mecanismo recurrente para reforzar estructuras armadas y ejercer control social sobre comunidades enteras.El informe también identifica a los presuntos responsables. En 2025, el Estado Mayor Central figura en el 44% de los casos reportados. A este grupo le siguen disidencias sin especificar (18%), el ELN (14%), el Ejército Gaitanista de Colombia (8%) y otras estructuras armadas con menor incidencia.

Esta distribución confirma la fragmentación del escenario armado y la dificultad de contener prácticas que se reproducen en distintos frentes y organizaciones.Aunque los registros mensuales muestran variaciones, el comportamiento del reclutamiento no es episódico. Por el contrario, se mantiene a lo largo del año, lo que refuerza la lectura de un problema estructural más que coyuntural.

En este sentido, la Defensoría fue enfática al señalar que “las niñas, niños y adolescentes no deben combatir en una guerra que no les pertenece”, recordando que cada caso implica la ruptura de proyectos de vida, vínculos familiares y trayectorias educativas.

Desde una perspectiva institucional, la entidad insistió en que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. Así, aunque las cifras de 2025 reflejan una reducción frente al año anterior, el informe subraya que el reclutamiento forzado sigue siendo una deuda pendiente en amplias zonas del país, donde la paz aún no logra traducirse en garantías reales para la infancia.