COLUMNISTAS

Ilegitimidad de origen. Aunque moleste a muchos, es indispensable recordarlo. De otra manera no se entiende la desconfianza ciudadana frente a las actuaciones de la JEP. En efecto, la JEP nace de violar el principio fundamental de un estado democrático: respetar el resultado de las urnas. Santos y las Farc se inventaron un plebiscito, cambiaron las reglas para ganarlo, impidieron la financiación pública de los opositores mientras gastaban miles de millones en la campaña del Sí, presionaron a gobernadores y alcaldes y, aún con todas esas y muchas otras ventajas, ganó el No. En Italia y Gran Bretaña los perdedores renunciaron y se respetó el resultado. Acá, con la bendición de una Constitucional que cambió de manera vergonzosa su jurisprudencia en apenas semanas, se aceptó que ese Congreso, enmermelado para un coma diabético, reencauchara el acuerdo rechazado con una “proposición” que ni siquiera tiene respaldo en la ley. El flagrante desconocimiento de la voluntad popular, por mucho que se le haya dado un burdo barniz de legalidad, ahondó una fractura social y política que nació en las elecciones del 2014, cuando se dividió al país en “amigos y enemigos de la paz”, y que hoy sigue viva, profunda, intacta.

Santos, el acuerdo con las Farc y su implementación a las patadas, dividieron el establecimiento y la sociedad colombiana. Un triunfo, en toda la línea, para la izquierda. Para rematar, la JEP le rompe el espinazo a la rama judicial, sus miembros fueron escogidos por cinco personas sin ninguna autoridad (una no es abogada, tres extranjeros), y sin evitar patentes conflictos de interés. Un tribunal que rechazaron los ciudadanos, inventado por las Farc, escogido por designados por las Farc, con abogados de las Farc, y que busca asegurar la impunidad fáctica de los crímenes de las Farc.

Ilegitimidad en el ejercicio. Además, la JEP, aunque “nueva”, sufre de todos los males de la jurisdicción ordinaria. Cien millones de dólares anuales de presupuesto, clientelismo, contratación a dedo, beneficios contractuales para parientes y amigos, ausencia de transparencia en el gasto, pujas internas de poder, burocracia excesiva y altamente ineficiente, algunos magistrados que no dan ni para jueces promiscuos… Y, por supuesto, actuaciones sistemáticas dirigidas a favorecer a las Farc: contratación y pago de sus penalistas defensores, permisos de “vacaciones” en el exterior, blandenguería tolerante con las ausencias de comandantes, encubrimiento y engaño a la justicia (remember Zamora), etcétera.

En conclusión, un engendro. Y después, Santrich. Más allá de la tomadera de pelo con los tiempos (está detenido desde abril del año pasado y la JEP tenía 120 días para decidir), la decisión de la sala que niega la extradición tiene consecuencias gravísimas: A. Prueba que la intención de la mayoría de magistrados no era verificar que los delitos que se le atribuyen habían sido cometidos después de la firma de acuerdo con las Farc, 1 de diciembre de 2016, sino evitar su extradición: no practicaron pruebas, no pidieron testimonios, no revisaron la información de medios (el dibujo de regalo del “ciego” Santrich al capo Rafael Caro, con fecha, por ejemplo), no aceptaron la resolución de acusación de la corte de NY, desecharon los audios de la Fiscalía, etc. B. Le pone un misil a la extradición misma, porque pretendía hacer una “evaluación de la conducta” en Colombia, es decir, un seudojuicio, cuando la lógica de ese mecanismo de cooperación judicial es la inversa: la evaluación de la conducta y de las pruebas se hace en el país requirente, el que solicita la extradición, y no en el requerido. C. Extiende de hecho la jurisdicción de la JEP más allá del 01-12-16. Con ello fomenta el narcotráfico y la reincidencia, porque envía el mensaje perverso de que aún quienes narcotrafican después de la firma del acuerdo disfrutarán de un juez favorable, procedimientos especiales y de las “penas” de mentirillas de la JEP. Y, claro, no serán extraditados. D. Como consecuencia, se desconocen los derechos de las víctimas a la no reincidencia y habrá más violencia.

La renuncia del Fiscal, apenas un gesto de protesta, pero inútil y distractor. Terminó centrando la atención en él y no en el espanto de la decisión de la JEP. Además, esas batallas son para darlas, no para evitarlas. Inoportuna la renuncia de la Ministra de Justicia. Dio la impresión de tener alguna responsabilidad en el episodio cuando no tenía absolutamente ninguna, de manera que el Gobierno terminó asumiendo gratuitamente un costo político. 

La apelación de la Procuraduría y la recaptura de Santrich son apenas un consuelo. La batalla por la no extradición queda abierta. Las Farc, que decidieron arroparlo en un peligroso espíritu de cuerpo, temen que en Estados UnidosSantrich se quiebre y cante como una lora. Y ofrezca nuevas pruebas de lo que ya es obvio: que aún hoy hay comandantes de las Farc untados hasta el cuello en narcotráfico, empezando por Iván Márquez, nada menos que el segundo de abordo.

Finalmente, no es la extradición de Santrich lo que amenaza la paz. Lo que fomenta la violencia y mina el acuerdo con las Farc es la reiterada conducta criminal de algunos de sus comandantes. Nos han obligado a tragarnos los sapos de la impunidad y la JEP para los delitos previos a la firma del acuerdo. Pero para los posteriores no puede haber sino justicia implacable.