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Luz Adriana Camargo, Fiscal del régimen de Gustavo Petro ordena investigar las bloqueos de los camioneros

Barranquilla, 3 de septiembre de 2024.- La Fiscalía General de la Nación abrió indagación por 36 bloqueos totales de vías públicas en Bogotá, algunos corredores viales de la región del Magdalena Medio y los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Meta, en hechos que se registran durante la jornada del paro promovido por el gremio de transportadores del país.

La determinación obedece según la Fiscal del régimen de Gustavo Petro, “al riesgo que puedan representar estas acciones contra la salud pública y la seguridad alimentaria de los ciudadanos y poblaciones que habitan estas regiones y utilizan a diario las vías y carreteras bloqueadas en su totalidad”.

Sin embargo a Luz Adriana Cmargo le cuestionan desde las redes socilaes porque no actuó ni ha actuado contra los bloqueos de los indígenas en el Cauca, que impiden que la gente se movilice, al igual que los transportadores, bloqueos en los que asesinaron a un Policía y a un civil. Le preguntan si ya le solicitó a un juez la captura de los responsables de asesinar a estas dos personas en un bloqueo en el que lanzaroon explosivos contra la humanidad de los uniformados oficiales que velan por la seguridad de los colombianos.

La Fiscalía General de la Nación reconoce el derecho a la protesta pacífica e insta a los organizadores y participantes en estas jornadas a respetar, asimismo, los derechos fundamentales de las personas ajenas a las manifestaciones, tales como las garantías a la integridad física, la vida, la salud y a la libre locomoción., eso dice que respeta, pero tampoco se ha referido a si investigará a quienes están obstáculizando los derechos que están reclamando los transportadores, como lo son además del alza en los combustibles, la inseguridad en las vías, el alza en los peajes, y el pago de la chatarrización, esto es, los vehículos que van envejeciendo y saliendo del parque automotor que el régimen les mantiene aguantado, en fin. Sería bueno saber cómo van esas investigaciones.

Pero el ente acusador se excuda en que “el derecho a protestar no autoriza la obstrucción y bloqueo de vías que pongan en peligro a la población”.

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