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Barranquilla, 21 agosto 2017.-  Al cierre de la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, recalcó la importancia de una diplomacia fluida en la lucha contra los delitos transnacionales.

La destituida fiscal venezolana, Luisa Ortega Diaz afirmó al pleno de la cumbre donde participó vía Skype durante la clausura, que dispone de pruebas para demostrar los vínculos del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro con el caso de corrupción de Odebrecht.

Luisa Ortega señaló además que esa es la razón de la persecución contra ella porque tiene las pruebas que involucran a Nicolás Maduro, además de los nombres de todos los que participaron en el mayor hecho de corrupción que los tiene muy preocupados y angustiados porque según dijo tiene todo el detalle de los montos y operaciones de los que se enriquecieron con Odebrecht.

Por otro lado el Procurador colombiano, Carrillo Flórez, solicitó mayor eficacia en el intercambio de pruebas para la lucha anticorrupción en América Latina, e hizo un llamado a romper las trabas de la ‘diplomacia versallesca’ para que haya fluidez en la cooperación judicial en la lucha contra la corrupción.

El procurador recalcó la importancia de una diplomacia fluida para que sea más efectiva la cooperación judicial en casos de lucha contra la corrupción, con una entrega oportuna de pruebas que es vital para perseguir el delito que traspasa fronteras.

Inicialmente el Procurador Carrillo Flórez y sus homólogos de América Latina, así como los procuradores y representantes de las fiscalías de España, Estados Unidos y Canadá, abordaron temas relacionados con los sistemas de cooperación judicial, particularmente, con los instrumentos de cooperación de Estados Unidos y Europa para lucha contra los delitos de orden transnacional.

Posteriormente, los procuradores y fiscales de la región acordaron los contenidos del documento marco que recoge las conclusiones y los compromisos de estos dos días de trabajo en los que se resaltan las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos, y el claro compromiso de consolidar la cooperación judicial internacional, promoviendo el intercambio de información espontanea por medio de medios eficaces y eficientes.