COLUMNISTAS

Me gustaría hacer parte de aquellos que dicen que el paro insurreccional terminó y que sus promotores perdieron. Pero no creo en eso. Esos promotores están ganando. El vandalismo continúa, sobre todo en el eje Cali-Buenaventura, y ya anunciaron la segunda fase de la revolución: las “jornadas pedagógicas”.

No soy de aquellos que descubrieron, solo después de las declaraciones de un cacique de Fecode, que el paro era “político”. Su carácter subversivo, es decir político, y no solo electoral, era evidente desde el primer día. ¿Cuándo dejaremos en Colombia de jugar a los ingenuos?

Ellos están ganando y estas son las razones:

1. Las destrucciones son inmensas y no solo son materiales. Son también políticas, sanitarias, morales y psicológicas. Los daños están ahí: 21 muertos, 1.113 civiles heridos, 1.362 policías heridos y 3.425 bloqueos de vías. Pero los promotores no pagarán por sus crímenes.
2. Fuera de eso, 160 edificios púbicos fueron atacados, 1.260 buses fueron destruidos, 465 tiendas y almacenes fueron saqueados, 460 bancos fueron atacados y 106 ambulancias fueron golpeadas. 56.970 armas fueron incautadas. Pero los promotores no pagarán por sus crímenes.
3. La economía y la salud pública fueron empujadas hacia atrás. Las capas más necesitadas del país son las que sufrirán más tiempo la reconstrucción.
4. A causa de los tumultos del paro, Colombia batió este 14 de junio su récord de muertes por Covid-19 en un solo día con 588 defunciones, según el ministerio de Salud. El número total de fallecidos en el país por la pandemia es 96.366. Pero los promotores del paro no pagarán por sus crímenes.
5. El despliegue “militar”, ordenado en forma tardía por el presidente Iván Duque, no puso fin al caos: no tuvo un norte preciso y los bloqueos y otras violencias continuaron.
6. El acumulado de experiencias de la subversión (cómo lograron articular, por primera vez, una docena de factores creadores de desmanes, crímenes de sangre y desinformación) está allí y no hay ninguna iniciativa del gobierno ni de la justicia para estudiar eso en detalle para poder desarticular esas bases y desarticular ese savoir faire delictivo.
7. Mientras los servicios del Estado, los ministerios y la justicia no vean sino la superficie de lo que ocurrió en estos 50 días nada podrán hacer para impedir el nuevo asalto que ya está en preparación. Lo que desataron desde el 28 de abril fue sólo un ensayo general.
8. Iván Duque dejó llevar al sacrificio, durante 50 días, a un componente esencial de las fuerzas armadas de Colombia: la policía nacional.
9. Después de ese desangre, gracias al cual el Estado colombiano sigue en pie, Duque anuncia no un homenaje nacional por esa heroica labor, ni un refuerzo de la fuerza pública, sino una “revisión de protocolos” de ésta, un “nuevo estatuto disciplinario”, un nuevo castigo institucional.
10. Esa fue, en parte, la respuesta de Duque a la campaña de calumnias de la prensa extranjera contra la fuerza pública: su anuncio de que “modernizará” el ministerio de Defensa y que hará una “transformación integral” de la policía de Colombia.
11. Duque cedió ante los grupos de presión: dijo que “revisará los protocolos para el uso de la fuerza” y que reforzará “los procedimientos que realiza el Escuadrón Móvil Antidisturbios”, para lo cual “convocará a países amigos para recibir recomendaciones de expertos internacionales sobre el uso de la fuerza e intervención”. Colombia no debe poner en manos de “expertos internacionales”, que nadie conoce y que nunca serán elegidos por los ciudadanos, sus protocolos de seguridad y defensa.
12. El método del diálogo sin discernimiento estuvo a punto de entregarle a la narco-subversión el control del principal puerto marítimo de Colombia: Buenaventura, punto que era (y es) el objetivo estratégico de la ofensiva de estos 50 días de violencias.
13. El absolutismo del diálogo se tradujo en impunidad para los artífices y coordinadores de las asonadas, en especial para los miembros del “comité del paro”. Estos hicieron lo de siempre: se reunieron a hacer un simulacro de “diálogo” con el gobierno no para buscar soluciones sino para cubrir sus espaldas: que no haya sanciones para ellos, pero sí una serie de castigos para la fuerza pública.
14. No hay iniciativa alguna para sancionar al “comité del paro” pero tampoco al principal impulsor político de los disturbios: Gustavo Petro. Nada tampoco para condenar a Gustavo Bolívar quien promovió el paro y llegó a financiar técnicamente a núcleos de pistoleros del paro.
15. Los excesos del “paro nacional” fueron tan graves que Gustavo Petro cambió de disco: tras pedir que los disturbios fueran “por tiempo indefinido”, se lavó la cara: “No comparto la violencia, el disturbio ni el bloqueo en las manifestaciones de protesta contra el Gobierno de Duque”. El “comité del paro” inmediatamente tradujo la orden y lanzó lo de las “jornadas pedagógicas”. Petro sabe que el electorado le cobrará estos 50 días de horror en 2022.
16. El gobierno aceptó financiar el plan de Fecode-Petro. El consejero presidencial Emilio Archila reveló que “los acuerdos a que lleguen las autoridades y los manifestantes locales se avalarían por parte del Gobierno a través de un documento Conpes”, para “destinar los recursos necesarios para adelantar programas sociales y educativos”.
17. Duque terminó retirando las estatuas en bronce de la reina Isabel La Católica y de Cristóbal Colón en Bogotá que turbas de indígenas querían y quieren derribar. No fue un acto de protección de esas estatuas sino de sumisión simbólica a los falsarios de la historia. Quien protegió esas estatuas fue la Policía nacional.
18. Después del retiro de la estatua de Colón podríamos temer otra estocada: que la locura de los agitadores vaya hasta cambiarle el nombre a nuestra patria. Estábamos orgullosos de llamarnos Colombia. Ignorábamos que honrábamos a un “genocida”, según los historiadores de la etnia misak.

Desde la caída del gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, en 1957, yo no había visto un final o semifinal de un gobierno democrático tan dramático como el de ahora: aplastado por 50 días de caos total y aislado, no por falta de apoyo popular –pues la población de las tres mayores ciudades de Colombia salieron espontáneamente a manifestar su repudio al “paro nacional”–, ni por falta de instrumentos constitucionales y legales para reprimir a los violentos, sino por la negligencia y la falta inexcusable de liderazgo del poder civil.