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Circula en las redes sociales un video en donde una mujer con acento venezolano denuncia que compatriotas de ella alquilan niños para la mendicidad. Eso penalmente se llama “mendicidad ajena” y es una modalidad de la trata de personas.  La grabación aludida trata una noticia repetida, pues han existido documentales transmitidos por diferentes cadenas de TV colombianas. El centro del trabajo periodístico es un hombre con el rostro cubierto, narrando todo lo que ocurre alrededor de las empresas criminales de la mendicidad, con detalles escalofriantes, repugnantes, sacados de películas de terror ni más ni menos.

No solo son niños y niñas venezolanos, quienes son alquilados, también colombianos, mestizos, afrodescendientes e indígenas, estos últimos “administrados” por sus propios progenitores que no los alquilan, es su “propio emprendimiento”. El fenómeno es gravísimo y omnipresente en todas las capitales del país, incluso en la costa Caribe, donde 30 años atrás no era usual, pero hasta allá los fenómenos sociales se han ido degradando más y más, por la facilidad del turismo sexual, sin ningún control.

Esta clase de mendicidad, facilita para que algunas personas se “sienten bondadosas” entregando algunas monedas, algunas veces alimentos y eventualmente ropa, haciendo caso omiso que todo lo que gira alrededor de estos hechos delincuenciales, con la concurrencia de otros delitos, siendo más graves por la edad de las personas utilizadas, ante la vista impasible de las autoridades que deben responder por el bienestar y seguridad de la infancia y adolescencia, población a la cual le asiste un “interés superior” constitucional, pero viéndolo en la práctica, las normas dispersas para controlar y sancionar, son solo un cacareo de gallina culeca, pero sin huevo.

En el video aludido al comienzo de este escrito, el delincuente narra como escogen los niños para la mendicidad, incluso recién nacidos y con determinadas características, a fin de llamar la atención y conmover. Les suministran drogas, para mantenerlos menos inquietos y a los recién nacidos para que no lloren. A los que hablan, les enseñan a pedir plata, pero no alimentos.  Horripilante. Lo recaudado durante el día lo reparten entre quien “reclutó” al infante, quien lo administra, el campanero (avisa cuando vienen las autoridades) y las personas que lo alquilaron. Toda una red criminal, con roles específicos, como se anotó es el delito de trata de personas, agravado por tratarse de infantes y obviamente en concierto para delinquir.  Todo a la vista pública. Los sectores son definidos por la misma red delincuencial, “respetando” las zonas de la “competencia”. Los sitios preferidos, las esquinas de semáforos con alta afluencia vehicular y los trancones que faciliten la permanencia de vehículos a fin de activar la “caridad”.

Las consecuencias de los anterior son predecibles sin mayores esfuerzos mentales, pero reiterados por estudios de sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales, tales como futuros adolescentes sumergidos en la drogadicción, que, de ser instrumentalizados, pasan a engrosar las filas de la delincuencia común o a ser objeto de explotación sexual, niños y niñas con hondas cicatrices por las múltiples violencias de que son víctimas, aún desde antes de nacer, reciben violencias, estas echan raíces y por tanto a futuro serán adultos violentos, siendo victimarios y así es generado un círculo vicioso y repetitivo en cientos de seres humanos.

En Colombia no solo la Constitución Política, el Código de la Infancia y Adolescencia también señala como corresponsables de la población menor de dieciocho años, al Estado, la sociedad y la familia. En este caso, hasta la fecha no se observan resultados ni acciones positivas para erradicar estas redes criminales que instrumentalizan a la población referida. La familia de los niños se convierten en parte de la red criminal de la mendicidad, la sociedad en cómplice cuando calla o cuando colabora con los criminales entregando unas monedas para sentir que cumple con el mandamiento de dar a los necesitados y  el Estado, en mi parecer, a través de diversos entes por cuenta de servidores públicos que incurren en delitos como prevaricato por omisión, explico, por dejar de cumplir los mandatos constitucionales y legales en faltas disciplinarias gravísimas contra la función pública, prescritas en el Código General Disciplinario. Pero además existen instrumentos internacionales frente a los cuales Colombia está obligada como Estado Parte, donde se compromete a la realización y respeto de los derechos de los niños sin excepción de ninguna naturaleza, siendo el más importante la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

La pregunta que surge es, ¿cuáles son las autoridades competentes para prevenir y solucionar este problema social? Muchas y ello facilita uno de los deportes no olímpicos de práctica interna usual: “el tira la bola de unos servidores públicos a otros de las responsabilidades” y con ello conjugar un verbo aun no reconocido por la muy Real Academia de la Lengua Española, convertido en el nombre del deporte referido, pero muy reconocido en los ambientes burocráticos, el “sacaculismo”, con cientos de argumentos a manera de justificación, para no asumir compromisos tan graves. Pues bien, prácticamente toda la estructura de las ramas del poder público nacional, encabezadas por la presidencia de la República (pero actualmente es más importante patrocinar la delincuencia) y regional están involucrados en la solución del problema planteado y de todo los relacionado con la Familia, a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), en donde se señalan competencias incluyendo a los entes territoriales (departamentos y municipios) y siendo el ente rector el ICBF.  Pero, además, las personerías municipales les asiste una gran responsabilidad, en su condición de garantes de los derechos humanos, según disposición constitucional. Significa que el trabajo debe ser articulado o mancomunado y no existe excusa de ninguna naturaleza. Significa que 1101 alcaldes e igual número de personeros deben cumplir con el compromiso, coadyuvados por los gobernadores en trabajo armónico con 213 Centros Zonales de ICBF.

El problema de la población migrante en condición de irregularidad agrava la situación. En el caso de los venezolanos (no es con ánimo de discriminar, porque no son los daneses, o moldavos, o sirios, etc.) los que también se han apropiado de las esquinas, no solo los “desplazados internos”, sino estos extranjeros que huyeron del caótico régimen de Maduro y sus secuaces, quienes prefieren la mendicidad ajena, porque es rentable y  no hay dolientes con la excusa que al ser de otro país y no contar con la documentación, impide las actuaciones de las autoridades públicas responsables. Esto es una grave mentira, lo que falta es algo que se llama “voluntad política”, porque la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño, son de aplicación general para los infantes y adolescentes, no hay excepción ni de raza, ni de origen, credo, nacionalidad, condición de migrante irregular o no.