La Magistrada de las Farc. Por: Rafael Nieto Loaiza
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La democracia no consiste en realizar elecciones. Por supuesto, no hay democracia sin elecciones. Pero estas deben ser periódicas, con sufragio universal y voto secreto, competidas, limpias y transparentes, y con posibilidad real de alternancia en el poder. Las “elecciones” de Cuba, Nicaragua o Venezuela, por ejemplo, no son democráticas.
Sin embargo, no basta con hacer elecciones democráticas para que haya democracia. La democracia, la democracia de verdad, la democracia republicana, no las seudodemocracias populistas y socialistas que de democracias solo tienen el nombre, exige estado de derecho, que imperen la Constitución y la ley y no la voluntad del gobernante, que los funcionarios solo puedan hacer aquello para lo que están previamente autorizados por la ley. El límite al poder del funcionario público, la regulación de su conducta, es indispensable en un estado de derecho y cuida al individuo de los abusos de quienes ejercen la función pública.
En esa misma lógica de proteger a la sociedad del abuso del poder, de limitar la discrecionalidad del funcionario público, de defender los derechos y libertades de los individuos de interferencias indebidas del Estado, en una democracia republicana es indispensable que el poder se especialice y se disperse en distintas ramas, de manera que no sea acaparado por quien gobierna. Esas ramas del poder público, a su vez, deben ejercer control las unas sobre las otras, en un sistema de frenos y contrapesos que es indispensable para la supervivencia del régimen democrático.
Por eso los ataques a la independencia y autonomía de los congresistas y de los jueces son tan peligrosos para la vida democrática. Por eso denunciamos con vehemencia que era inaceptable la castración al Congreso que hicieron las Farc y el Gobierno santista en el acuerdo que firmaron. Por eso señalamos que el hecho de que los parlamentarios del santismo y la izquierda aceptaran su emasculación era tan sorprendente como triste.
Pero en Colombia hay congresistas que no tienen vergüenza. En efecto, después de que la Corte Constitucional decidiera devolverle parte de sus competencias al Congreso, los santistas decidieron vulnerar la Constitución de nuevo. Por un lado, se vinieron lanza en ristre contra el magistrado Bernal por no haber votado como les hubiera gustado a ellos, a Santos y a las Farc. Lo tildaron de traidor cuando ameritaba en cambio ser reconocido y ensalzado. Los jueces no se deben a quienes los postulan sino a la defensa de la Constitución y la ley y el hacer justicia con independencia y autonomía. No tienen deber alguno de lealtad con quienes los eligieron, sino con el estado de derecho y con la justicia. Eso, cumplir con honestidad su deber, fue lo que hizo Bernal. Y por eso, por hacer lo que otros magistrados no hacen, termino acusado de lo divino y lo humano. Así entienden la democracia y la justicia las Farc, Santos y sus amigotes. Quisieran que esto fuera Venezuela, con un tribunal subordinado y político. Y a fe que lo estaban logrando, porque muchos de los magistrados que se acaban de retirar son el ejemplo vivo de lo que no debe ser un juez. Cambiaron su voto por canonjías y en apenas semanas dejaron de decir que el plebiscito había que respetarlo para sostener que el Congreso podía refrendar un acuerdo negado en las urnas. Encarnan la deshonra.
Y, por el otro lado, esos mismos congresistas decidieron que votarían, otra vez, sin discusión y en bloque, los proyectos de ley que les presente el Gobierno previo visto bueno de las Farc. A este perro sí lo capan dos veces.
Para rematar, un congresista que pasara a los libros de la infamia amenazó a sus colegas con que las Farc volverían a matar si no se elegía como magistrada a Diana Fajardo. Y el Presidente llamó a los parlamentarios, uno a uno, para presionarlos. Y así ganaron: ahora tenemos magistrada de las Farc.
No conozco a la magistrada Fajardo, pero el chantaje, el grosero abrazo y las sonrisas cruzadas tras su elección con el congresista infame no pueden sino despertar suspicacias y prevenciones. Tendrá que demostrarnos que es una juez proba y no una lacaya de las Farc y los santistas.
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