COLUMNISTAS

La integración de las altas Cortes resulta ser un imperativo y deben ser  llenadas  por científicos del derecho, excelsos y probos de una nación. Es en Colombia respetable y respetada las decisiones de esta institución? tan cara e imprescindible en un estado de derecho. La impunidad del 90% en las altas Cortes la presenta como una de los entes con mayor desfavorabilidad entre los colombianos. Todo ello,  ante los múltiples reformas que producen inestabilidad jurídica ante la manía epiléptica de reformar por reformar. Aunque, disciplinariamente se intentó un código disciplinario único para todos los funcionarios públicos, la justicia penal parece diseñada a contrario sensu  de todos los principios del derecho. Una justicia especial y única para los guerrilleros, otra Única y especial para los congresistas ministros y gobernadores, una más Única y exclusiva para los mlilitares; Única y exclusiva para los presidentes  y así sucesivamente.

El legado de Pablo Escobar quien extorsiono al país y se le complació con decretos y una justicia  especial para su sometimiento, con  la añadidura de un cambio de la constitución para garantizar la no extradición y lo más insólito,  la licencia gubernamental para que construyera su propio club cárcel. Aún más, en la justicia todavía subsiste la única instancia, en la cual, se castiga con jueces improvisados y novatos a los de escasos recursos en los procesos civiles de mínima cuantía. El marasmo y los  vericuetos judiciales convierten en nugatoria  e imposible cumplir con éxito, la finalidad de la aplicación de justicia en su filosofía primigenia al ser esta concebida en su contexto general, impersonal y abstracto.

Las Cortes para ser respetadas deben ser coherentes, sistemáticamente impersonales y aplicar igual tratamiento para todos. Pero, contradictoria e infortunadamente los hechos han demostrado la Conculcación de los principios generales del derecho, la variación de la tasa y la sana crítica producen la sensación de una corte hendida , cercenada, dividida y sesgada  por pasiones políticas y por ende, hoy sufre la guillotina pública. Su mayor descrédito lo sufrió con la revelación de un “cartel de la toga” en su más alto seno. La Corte Suprema de Justicia, ha usurpado el régimen de competencias, avalado interceptaciones ilegales sin orden judicial previa y dictado proveídos reprochables, descabellados e incoherentes ante idéntica situación procesal.

Hoy, apremia y urge  el  fortalecimiento  del principio de la presunción de inocencia permitiendo que todos los ciudadanos se defiendan en libertad hasta ser vencidos en juicio a excepción de los delitos graves el abuso sexual como extorsión, secuestro, homicidio, terrorismo y delitos en contra del patrimonio del Estado.

El tratamiento diferencial, de la justicia a sus ciudadanos se constituye en la más execrable forma de discriminación en contra de los gobernados. A un guerrillero se le trata con privilegios, con mayores beneficios judiciales que la otorgada a  un expresidente. Ante el resurgimiento del “Cartel de la Toga” versión II y la decenas de ellas que se reproducen en diversos departamentos, de fiscales y jueces detenidos por corrupción,  cobra  vigencia la tesis del Estadista  Álvaro Gómez Hurtado: “En Colombia vivimos una parodoja  escandalosa en la cual la justicia parece estar pasándose al bando de los delincuentes” .

Como colofón, definitivamente las altas Cortes ejercitan sus funciones en forma  privilegiada, especial, discriminatoria y selectiva. Urge una reforma de alta cirugía.