JUSTICIA, NACIONALES

Valledupar, 19 de diciembre de 2025.- La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este viernes la emisión de su Primera Sentencia Adversarial Transicional, un fallo que ha encendido los ánimos del debate nacional sobre el verdadero alcance de la justicia en el posconflicto.

En el centro del caso: el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón La Popa, acusado de responsabilidad por la muerte de 72 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira entre 2002 y 2003.

La JEP sostiene que los hechos ocurrieron en el contexto del conflicto armado y que el coronel, al no haber reconocido su responsabilidad ni aportado a la verdad, debe ser sometido a una sanción penal. Sin embargo, voces críticas —entre ellas la de la senadora María Fernanda Cabal Molina— cuestionan con dureza no solo el fondo del caso, sino el enfoque selectivo de la justicia transicional.

“El coronel Mejía es inocente y es un héroe sin igual. Su ‘pecado’ fue combatir y derrotar al terrorismo”, escribió Cabal en su cuenta de X, subrayando la percepción de que oficiales como Mejía están siendo criminalizados por cumplir con su deber constitucional en una de las épocas más oscuras y violentas del país.

Según testigos y analistas citados en un reciente video publicado por medios independientes, las operaciones del Batallón La Popa en esa zona fueron diseñadas para neutralizar focos de narcoterrorismo que sembraban el terror entre comunidades enteras. A juicio de sus defensores, el coronel actuó bajo órdenes legítimas, en un marco de guerra no convencional donde las líneas entre combatientes y civiles estaban deliberadamente borrosas por parte de los grupos armados.

¿Dónde está la proporcionalidad?
Mientras la JEP avanza con procesos contra agentes del Estado, muchos ciudadanos se preguntan por qué comandantes de grupos guerrilleros responsables de miles de asesinatos, reclutamiento forzado y desplazamientos masivos han obtenido beneficios jurídicos sin siquiera revelar toda la verdad. La asimetría en el tratamiento, denuncian críticos, no promueve reconciliación, sino resentimiento.

Entre tanto, Blu Radio informó que “La @JEP_Colombia condenó al coronel en retiro Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se cometieron mientras el comandó el Batallón La Popa, con sede en Valledupar” a lo que un usuario llamado como Agustín Agualongo, respondió en su cuenta X: “No entendí. El ejército a la cárcel y la guerrilla al congreso? La guerrilla con más de 18 mil casos contra los niños. Miles de secuestros y miles de asesinatos. Que alguien me explique esa justicia por favor”, afirmó.

La sentencia adversarial contra el coronel Mejía podría sentar un precedente peligroso, advierten analistas: disuadir a las Fuerzas Militares de actuar con firmeza en contextos de alta amenaza, por temor a ser perseguidos décadas después por tribunales que según sus detractores ignoran el contexto bélico real.

Mientras tanto, la JEP insiste en que su mandato es garantizar verdad, justicia y no repetición. Pero para muchos, como lo señaló la propia senadora Cabal, lo que está en juego no es solo el destino de un soldado, sino el reconocimiento del sacrificio de quienes defendieron la patria cuando otros negociaban con sus verdugos.