AGRONOTAS

A pesar de la disposición de los productores para destrabar la Reforma Rural Integral con la oferta voluntaria de más de 600.000 hectáreas de tierra, la ocupación de fincas ganaderas volvió a instalarse como rutina, pero con una exigencia concreta: que la Agencia Nacional de Tierras compre los predios.

El portón azul del predio Marchelita, en zona rural de Agustín Codazzi, no está “tomado” a la fuerza: está marcado. Desde la cabina de un vehículo, el parabrisas con gotas de lluvia reciente convierte la escena en una postal húmeda, casi cotidiana, pero la coordenada que aparece sobreimpresa —como si el territorio necesitara notaría— confirma que aquello no es un rumor: hay gente adentro, hay gente afuera, y la finca quedó suspendida en una frontera improvisada.

Detrás de la reja, varios hombres y mujeres se agrupan bajo la sombra dispersa de los árboles. No gritan. No corren. Algunos se apoyan en los barrotes metálicos. Otros sostienen banderas blancas con letras rojas. Hay sombreros de ala ancha, camisetas claras, un par de celulares que registran el momento. A un lado del camino, un pendón verde y amarillo amarrado entre estacas anuncia el nombre de la organización: Unión Campesina Agroproductiva y Comercial del Cesar (UCAP). Al centro, un lema que pretende dar sentido moral a la escena: “Exigir es fácil, señalar es fácil… dar el ejemplo es difícil”. En la esquina inferior, logos y sellos que, puestos allí, parecen pedir legitimidad antes que debate.

Más atrás, en un potrero que normalmente tendría ganado y vaqueros en tránsito, no se escucha sino el ruido del viento entre ramas secas. La producción, por definición, no se sostiene en pausa. En el campo, el tiempo no perdona. Un día sin manejo es un día de pérdida: cercas vulnerables, pasturas sin rotación, trabajadores a la espera, decisiones aplazadas.

Lo que inquieta en Marchelita no es solo la ocupación, sino el lenguaje de la ocupación. Fedegán lo resumió con una frase que, sin eufemismos, ubica el punto crítico: “las invasiones están desbordadas en el país”. En otra alerta, el gremio subrayó el componente político: “los invasores… exhiben pendones alegando apoyo institucional… mientras realizan proselitismo político”. Es decir: la finca ya no se ocupa únicamente para quedarse; se ocupa para presionar, para escalar un mensaje y empujar al Estado a una decisión.

En esa misma línea, el exviceministro de Asuntos Agropecuarios Juan Gonzalo Botero convirtió sus redes en bitácora de emergencia. El 16 de febrero, reportó la invasión de la finca El Delirio en Pijiño del Carmen, Magdalena: “entre 50 y 60 personas la invadieron”, escribió, precisando que la tierra “aún no se ha negociado con la Agencia Nacional de Tierras” y denunciando que la Alcaldía no tomaba acciones “argumentan estar en carnaval”.

Y en Colombia, un país donde la burocracia suele llegar tarde, el carnaval funciona como metáfora involuntaria: la institución ausente mientras el hecho se instala. Al día siguiente, otra alerta: la finca El Socorro, en la vía Toluviejo–Tolú. Botero describió el giro que convierte el delito en negociación: “Los invasores exigen a la Agencia Nacional de Tierras se compre la finca… el ganadero en tierra de nadie”. En su relato, la secuencia se repite: querella interpuesta, falta de colaboración del alcalde, policía sin reacción efectiva, y un propietario obligado a esperar, como si la legalidad fuese un trámite y no un deber.

Lo llamativo es la coherencia del libreto: ocupación colectiva, visibilidad mediática, exigencia directa a la ANT. En esa estructura, la administración pública queda capturada por un chantaje de facto: si el Estado compra, legitima la presión; si el Estado no compra, deja al propietario expuesto y alimenta la narrativa de “tierra improductiva” o “tierra injusta”, aun cuando el predio sea productivo y esté en operación.

En el terreno, la ocupación tiene un efecto inmediato: la finca entra en suspensión. La ganadería —que en Colombia es una actividad masiva y estructural— no resiste bien la incertidumbre prolongada. El propio balance sectorial de Fedegán recuerda que el país cuenta con 29,5 millones de bovinos, 613.000 predios ganaderos y alrededor de 1,07 millones de empleos asociados al sector. Es una economía real, extendida, que vive del flujo diario: ordeño, rotación, vacunación, guías, movilización. Cuando una finca se paraliza por ocupación, no solo se afecta un propietario: se interrumpe una cadena mínima de trabajo rural.

Botero también dejó una frase que desnuda el clima regional: “Deja mucho que desear el apoyo de las instituciones en las regiones donde se producen las invasiones. La reacción de los alcaldes es prácticamente nula…”. Y, sin embargo, la crónica no termina únicamente en impotencia. Horas después informó que El Delirio fue desalojado “de manera pacífica” gracias al apoyo de la Brigada Ganadera y de autoridades. La salida fue posible, pero sugiere un síntoma: en demasiados casos, la defensa efectiva depende de arreglos de emergencia y solidaridad gremial, no de una respuesta estatal consistente.

Fedegán insistió en esa idea con una advertencia de orden público: “La delincuencia y el irrespeto a la propiedad privada no pueden convertirse en el centro de un río revuelto”. El gremio pidió mantener activas las Brigadas Solidarias y “estar muy alertas”. La frase “río revuelto” no es retórica: alude al momento político. José Félix Lafaurie lo dijo sin rodeos: “Ahora que se avecinan las elecciones también se incrementan las invasiones ilegales”. Si esa lectura es correcta, el predio ocupado deja de ser solo tierra: se vuelve escenario de presión y símbolo electoral.

Y ahí aparece la paradoja más incómoda para el Gobierno. Lafaurie destacó que, desde la firma del Acuerdo para la materialización de la paz territorial con el Gobierno (9 de octubre de 2022), Fedegán ha recopilado 1.457 ofertas de predios en 27 departamentos, equivalentes a 606.649 hectáreas. Agregó que Cesar, Cundinamarca, Bolívar y Magdalena registran el mayor número de ofertas (142, 133, 131 y 130), y que, por extensión ofrecida, Sucre lidera con 179.741 hectáreas, seguido del Meta (142.092), Vichada (48.425) y Bolívar (40.127).

Si el sector ha canalizado —en solo tres años— más de 606 mil hectáreas por vía voluntaria y documentada, ¿por qué el Estado no responde con igual energía en el terreno cuando la legalidad se rompe? ¿Por qué, con una oferta formal robusta sobre la mesa, las invasiones siguen siendo “pan de cada día” y la reacción institucional aparece tardía, dispersa o inexistente? Ese vacío, más que el pendón, es el mensaje final que hoy se clava en las cercas del Caribe rural.