NACIONALES, ORDEN PÚBLICO

El organismo de control documenta asesinatos, amenazas y desplazamientos de periodistas en Colombia. El material recoge hallazgos de la Comisión de la Verdad y cifras de la FLIP, e insiste en que callar a la prensa ha sido usado como estrategia de guerra.

Valledupar, 18 de noviembre de 2025. La Defensoría del Pueblo hace público un recuento de información que articula memoria histórica, datos estadísticos y reconocimiento público de víctimas, con el fin de reforzar el derecho a informar como garantía democrática. La publicación se da en un contexto marcado por el incremento reciente de agresiones contra comunicadores, la persistencia de grupos armados en zonas de frontera y la reconfiguración de la violencia política en regiones donde históricamente se han documentado asesinatos y amenazas contra periodistas.

Según las cifras incluidas, más de 160 periodistas han sido asesinados desde 1938 por ejercer su oficio en medio del conflicto armado, un fenómeno que, de acuerdo con la entidad, no ha cesado. “El silencio no será la última palabra; las voces de quienes silenciaron siguen resonando en la memoria de un país que sigue luchando por la construcción de paz” se lee en informe.

El documento indica que entre 2024 y 2025 se registraron amenazas y agresiones en 28 de los 32 departamentos del país, con niveles críticos en Norte de Santander, Arauca, Huila, Caquetá y Putumayo. Cualquier tipo de agresión contra la prensa constituye una violación a la democracia y los derechos humanos, advierte el texto.

La serie también retoma el análisis de la Comisión de la Verdad, que concluyó que la cobertura de los conflictos armados, la defensa del medio ambiente, la investigación de la corrupción y las acciones de grupos ilegales constituyen una de las principales causas de las agresiones contra periodistas.

Además de las cifras, la campaña recuerda casos emblemáticos como los asesinatos de Guillermo Cano, Diana Turbay, Guzmán Quintero Torres y José Emeterio Rivas. El material destaca que la impunidad histórica, que durante décadas alcanzó niveles del 80 %, permitió que la violencia se consolidara como estrategia de guerra para silenciar la información y la verdad.

El contenido publicado por la Defensoría finaliza enfatizando en que “La memoria de quienes ya no están nos obliga a seguir exigiendo garantías, protección y libertad para informar.”