COLUMNISTAS

Los aberrantes acontecimientos de la semana pasada nos dieron la razón: desde el Congreso, advertimos una y otra vez de la total inconveniencia de materializar una negociación desigual. Votamos NO en el plebiscito del 2 de Octubre de 2016 y ganó la conciencia moral del pueblo colombiano.

El grupo criminal Farc, hoy convertido en partido político, sigue siendo el protagonista de actos delictivos y violentos, que dejan un saldo desesperanzador.

Ocho policías asesinados miserablemente por bandas narcotraficantes conectadas con las Farc, tres ciudadanos ecuatorianos secuestrados y posteriormente masacrados por las supuestas “disidencias” de este grupo terrorista -encabezado en Tumaco por alias Guacho- y la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos al cabecilla y negociador alias Jesús Santrich, por narcotráfico comprobado, son sucesos que ponen sobre el tapete de la realidad nacional, el resultado de la enfermedad incubada en Cuba y materializada en Colombia por Juan Manuel Santos.

En un país sin la sociopatía extraña que padece Colombia, habría una conmoción nacional promovida por el gremio periodístico, como también una fuerte movilización social exigiendo justicia y expresando un contundente rechazo a las sistemáticas y enfermizas mentiras de Santos. Pero estamos en Colombia, un país con una sociedad anestesiada y apática, una cúpula militar doblegada a intereses particulares, unas cortes cooptadas por la ilegalidad y supeditadas convenientemente a la “interpretación de normas” y unas instituciones entregadas a  los complejos y jugosos negocios originados en el acuerdo de paz.

Ya nadie involucrado en este entramado propende por lo normal, lo justo, lo legal, lo obvio y lo sano. Es la barbarie institucionalizada.

El actuar de Juan Manuel Santos corresponde, como siempre, a la desidia, el desinterés y la indolencia. Sus únicos intereses son el pavoneo en las pasarelas internacionales y la férrea defensa de los delincuentes de las Farc, razón por la cual el vicepresidente Naranjo se ocupó con eficacia de dilatar  la confirmación de la noticia del asesinato de los periodistas ecuatorianos hasta que terminara la Cumbre de las Américas y sus declaraciones quieren obviar el hecho de que Guacho pertenece a las Farc, aun cuando su nacionalidad sea ecuatoriana.

La mezcla de todos los ingredientes de la receta de Santos, regresa a Colombia a los tiempos de un narcoestado fallido: más de 220.000 hectáreas sembradas de coca + curules para narcoterroristas + ONG’s internacionales de izquierda apoyando la farsa + la ONU recibiendo contratos millonarios del Estado colombiano + JEP hecha a la medida de los intereses de los delincuentes.

 No queda mucho por decir, solo que después de oír al magistrado Barceló decir que es la JEP el organismo que tiene competencia para investigar y decidir la suerte de Santrich, tengo la corazonada que estará posesionándose como “Honorable” Senador de la República el próximo 20 de Julio.