COLUMNISTAS

Lo que muchos colombianos intuían, hoy parece confirmarse con hechos que, más allá de la indignación, exigen un análisis sereno pero firme. Colombia atraviesa un momento político en el que las decisiones del poder, lejos de fortalecer el Estado de derecho, parecen erosionarlo. Y cuando la institucionalidad se debilita, no hay discurso de cambio que logre ocultar la realidad.

El caso del exministro Ricardo Bonilla, quien recupera su libertad por vencimiento de términos, no es un hecho aislado. Es la evidencia de un sistema judicial que, por negligencia o incapacidad, termina favoreciendo a quienes deberían responder ante la ley. Este fenómeno no es nuevo en Colombia, pero sí resulta especialmente grave cuando se suma a un contexto donde la percepción de impunidad crece de manera alarmante.

A esto se suma la controvertida decisión de suspender órdenes de captura contra delincuentes en ciudades como Medellín y Bogotá, bajo el argumento de facilitar procesos de paz urbana. La figura de “gestores de paz”, aplicada a individuos con prontuario criminal, abre un debate profundo: ¿puede el Estado legitimar temporalmente la ilegalidad en nombre de un bien mayor? La historia reciente del país demuestra que cuando se flexibiliza la justicia sin controles claros, el resultado suele ser más violencia y menos confianza ciudadana.

En paralelo, las denuncias sobre presuntos montajes o seguimientos contra figuras políticas como Abelardo de la Espriella generan inquietudes sobre el uso de las instituciones con fines políticos. Si el poder se utiliza para intimidar o desacreditar a la oposición, se rompe uno de los pilares fundamentales de la democracia: la competencia libre y justa. Por otro lado, la actitud de Iván Cepeda frente a los debates públicos también alimenta la controversia. En una democracia sólida, el debate de ideas no es opcional, es obligatorio. Rehuirlo no solo debilita la calidad del ejercicio político, sino que envía un mensaje equivocado a los ciudadanos que esperan confrontación de propuestas, no silencios estratégicos.

Mientras tanto, los grupos armados ilegales continúan expandiendo su accionar en distintas regiones del país. La promesa de la “paz total”, bandera del gobierno de Gustavo Petro, enfrenta una realidad compleja: sin autoridad firme y sin condiciones claras, los actores ilegales no negocian la paz, administran el conflicto. Y en ese escenario, quienes más sufren son las comunidades, atrapadas entre la ausencia del Estado y la presencia del crimen.

A ello se suma el escándalo creciente alrededor del contrato de los pasaportes, que vuelve a poner sobre la mesa el eterno problema de la corrupción en Colombia. Resulta paradójico que un gobierno que llegó con la bandera de la transparencia enfrente cuestionamientos que recuerdan las peores prácticas de administraciones anteriores.

Lo verdaderamente preocupante no es cada hecho por separado, sino el patrón que parecen configurar. Un patrón donde la justicia no actúa con contundencia, donde la seguridad se relativiza, donde la política se tensiona peligrosamente y donde la ética pública se diluye. En ese contexto, la frase “ser pillo sí paga” deja de ser una consigna crítica para convertirse en una percepción social cada vez más extendida.

Sin embargo, es necesario hacer una precisión responsable: Colombia no es un Estado fallido ni una democracia perdida. Aún existen instituciones, medios de comunicación, organismos de control y una ciudadanía vigilante que pueden corregir el rumbo. Pero para ello se requiere algo fundamental: voluntad política y presión ciudadana.

El país no puede normalizar lo inaceptable. No puede resignarse a que la ilegalidad se disfrace de estrategia, ni a que la corrupción se relativice según la conveniencia ideológica. La crítica no debe entenderse como oposición sistemática, sino como un ejercicio legítimo de defensa de la democracia. Lo inaudito no es solo lo que está pasando, sino el riesgo de que deje de sorprendernos. Porque cuando una sociedad se acostumbra al desorden institucional, pierde su capacidad de reacción. Y en política, la indiferencia suele ser el mejor aliado de los abusos.

Colombia está en una encrucijada. O reafirma el valor de la ley, la transparencia y la seguridad, o continúa deslizándose por una pendiente donde todo se justifica y nada se corrige. El llamado, entonces, no es solo a cuestionar al gobierno, sino a exigir coherencia, responsabilidad y resultados. Porque el verdadero cambio no se proclama: se demuestra.