DEPARTAMENTO, DESCENTRALIZADOS, TECNOLOGIA

Barranquilla, marzo 21 de 2017.- La Contraloría General de la República, a través del Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, alertó este martes por posibles irregularidades en el manejo de los dineros de regalías que debían invertirse en Ciencia y Tecnología. El ente denunció que con el objetivo de abrir un debate franco y abierto sobre el tema, el jefe del organismo de control presentó los resultados que arroja una evaluación en la que denuncia haber encontrado un hallazgo que 1 de cada 5 pesos destinados a proyectos, habría financiado negocios que nada tienen que ver con la ciencia y la tecnología.

Expresó en un informe presentado que estas situaciones se reflejan en los altos saldos sin ejecutar ($1,5 billones) que el Gobierno busca trasladar a la financiación de vías terciarias para apoyar la implementación de los Acuerdos de Paz.

Una evaluación que hizo la Contraloría General de la República, detectó varios factores de riesgo: entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias que manejan contratos por $600 mil millones; y se han otorgado becas en universidades de calidad media o baja por valor de $35 mil millones.

Una buena parte de los proyectos de ciencia y tecnología son ejecutados por contratistas poco idóneos y no responden a necesidades puntuales de las regiones, expresa el informe del ente de Control.

La auditoría de desempeño a 33 proyectos por valor de $380 mil millones, evidencia que en cinco de ellos por $76 mil millones no es clara su pertinencia como de ciencia y tecnología o su alcance fue modificado de manera sustancial, a lo largo de su ejecución.

En un caso, la Contraloría encontró recursos que debían ir a empresas de emprendimiento, con componentes de innovación y tecnología, y se destinaron a un asadero de pollos y un spa.

Los millonarios recursos de regalías destinados al desarrollo científico y tecnológico de las regiones del país, que entre 2012 y 2016 ascienden a $3,8 billones, no se están invirtiendo totalmente en tal fin, mientras académicos e investigadores quedan subordinados a los actores políticos que deciden esta clase de gastos y a los contratistas muchas veces poco idóneos que ejecutan los proyectos, señaló hoy el Contralor Maya Villazón.

Recordó el Contralor que el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, por mandato constitucional se financia con el 10% de las regalías que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables.

Afirmó que entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que ejecutan contratos por cerca de $600 mil millones, de un total contratado a la fecha de corte del informe de la Contraloría (diciembre de 2015), de $1,8 billones”, destacó el Contralor Maya Villazón al presentar los resultados de este trabajo en un evento académico que tuvo lugar en el Auditorio Principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.

Maya Villazón añadió que hay total ausencia de proyectos de carácter regional debido a que la financiación a través de los recursos de regalías exige que los proyectos de ciencia y tecnología respondan a las necesidades específicas y puntuales de las regiones. Y no está sucediendo así. Añadió que a diciembre de 2015 sólo había doce proyectos que integran dos o más departamentos, por valor de $135 mil millones.

En este pobre resultado pesan dos aspectos: una definición muy laxa de “proyecto regional” de la Ley que regula el sistema de regalías; y la falta de voluntad política de los Gobernadores para acordar la formulación de proyectos de verdadero impacto regional.

Explicó que los Gobernadores tienen un poder decisorio que en buena parte es la causa de los problemas que se evidencian van por cuenta del manejo de los recursos debido a que la orientación del gasto y la ejecución depende primordialmente de las decisiones de los Gobernadores, quienes como actores políticos que generalmente tienen intereses diferentes a los que exige el desarrollo científico e incluso el desarrollo regional.

La Contraloría considera crítico que en la práctica existen 33 fondos de ciencia y tecnología y no UNO; que el peso fundamental de las decisiones se concentra en los Gobernadores; y que la inmensa mayoría de los recursos está en departamentos que no cuentan con las capacidades en ciencia y tecnología, que les permita invertirlos de manera pertinente y eficaz.

Denunció Maya Villazón en este orden de ideas que esta situación genera despilfarros y malos usos, que llevan a la dispersión de los recursos, la financiación de muchos proyectos poco pertinentes, y la lentitud en la ejecución con los problemas de corrupción que siguen detectándose.

La Contraloría igualmente en su informe de una auditoría de desempeño a 33 proyectos de ciencia y tecnología denunció proyectos con irregularidades y becas en universidades poco reconocidas, entre ellos en un proyecto en el departamento del Cauca, por $16 mil millones. Explicó la Contraloría que el proyecto buscaba fortalecer capacidades tecnológicas y competir en el mercado global, con actividades de formación en estudios de posgrado a empresas de emprendimiento que tuvieran componentes de innovación o tecnología, se encontró que los recursos también se destinaron a establecimientos que no cuentan con dichas características, como un asadero de pollos y un spa.

Otro caso particular se da en el departamento del Vichada, donde se aprobó un proyecto para construir un centro de formación e investigación en energías renovables CINER, por valor de $32.917 millones con el objeto crear espacios para la investigación aplicada en generación eléctrica, a partir de fuentes naturales renovables y alternativas de energía, así como para la formación y el entrenamiento de capital humano en gestión integral de sistemas energéticos limpios.

La auditoría de desempeño que realizó la Contraloría estableció que la Gobernación del Vichada contrató el consorcio CINER, integrado por dos empresas de construcciones, cuya experiencia en los objetivos del proyecto, no se pudo constatar. Lo más grave es que en su ejecución modificaron el alcance el proyecto.

No se hizo la instalación del grupo electrógeno de celdas solares, de tal manera que el proyecto perdió su razón de ser, y ha terminado siendo una obra más de infraestructura: una biblioteca, un auditorio y un conjunto habitacional.

Un caso que reveló a principios de año la Contraloría, se dio en el departamento de Córdoba. Al auditar diez proyectos de ciencia y tecnología se encontraron hallazgos fiscales por cerca de $30 mil millones. Se estableció que a pesar que la Gobernación suscribió convenios especiales de cooperación fundamentándose en la idoneidad de los cooperantes, estos resultaron subcontratando, en algunas ocasiones, incluso más del 70% de las obligaciones y actividades principales. Además, se habrían quedado con parte de los recursos que les fueron girados.

Está también un hallazgo por $25 mil millones que evidenció la CGR en las obras del Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar, contratación realizada por la Gobernación del Cesar en 2014, que tuvo como objeto la construcción de edificaciones para la consolidación de las capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación del sector agropecuario y pesquero de este departamento, previsto para ejecutarse en 9 meses y que se tomó 21 meses.

Y hay más: a través del Fondo de Ciencia y Tecnología se ha financiado la asignación de becas por $217 mil millones para pregrado y posgrado en instituciones nacionales e internacionales. Para la Contraloría no es aceptable que una parte de los recursos se destinen a Instituciones de Educación Superior de calidad media o baja:

De un total de becas otorgadas en universidades del país por $165 mil millones, alrededor de $35 mil millones, el 21% se dirige a instituciones rankeadas por el Ministerio de Educación Nacional por debajo del puesto 30.