COLUMNISTAS

Las exigencias inaceptables de la minga indígena al presidente de la República –se reúne con nosotros cuando queramos, donde queramos y como queramos– develan sus verdaderas intenciones, pues mientras Duque viajaba a ratificar lo acordado, la intención de la minga era hacerle un juicio político en cabildo abierto, que me recuerda el que el M19 pretendió imponerle a Betancur en noviembre de 1985.

El expresidente no cedió a la extorsión y, a pesar de su talante pacifista, optó por el uso legítimo de la Fuerza Pública para disuadir a los violentos, que rabiosos y arrogantes desencadenaron la tragedia del Palacio de Justicia, por la cual han sido estigmatizados y perseguidos los defensores de las instituciones por más de tres décadas, mientras los determinadores gozan de libertad y reconocimiento.

Entre ellos se encuentra Gustavo Petro, el único político que, invitado por la minga, estuvo por allá haciendo propuestas populistas e instigando “movilizaciones”, fiel a su amenaza al nuevo gobierno el día de su derrota electoral. Las intenciones eran otras, ¿qué duda cabe? Lo confesó el consejero mayor del CRIC: “No solo quedaron plantados los sectores indígenas, acá están los campesinos, los sindicalistas, obreros, estudiantes, porque íbamos a trabajar las políticas del país, pero el presidente no quiso escuchar”.

¿Qué hacían allá sindicalistas, obreros y estudiantes? ¿Ese era acaso el espacio y el momento para “trabajar los problemas del país”? De lo que se trataba era de una encerrona para agitar todas las banderas políticas contra el Gobierno. Un verdadero linchamiento al que Duque, en buena hora, no se prestó, sin renunciar al diálogo franco con los líderes.

La protesta social es derecho constitucional, pero está infiltrada por intereses políticos de la izquierda –y del “centro” también–, y por los grupos armados ilegales. Los mingueros lo niegan, como lo niegan los estudiantes, pero Colombia vio a los encapuchados de los unos agrediendo policías, incendiando buses y bloqueando carreteras, y a los encapuchados de los otros destruyendo e intentando derribar helicópteros.

Sin embargo, con la estrategia izquierdista de “invertir la realidad”, ahora resulta que, según el vocero de la minga, la culpa del fracasado encuentro con el presidente es del fiscal Martínez, que “se inventó” un atentado. Mientras “la paz” –léase Acuerdo fariano y la JEP– hoy tiene nuevos mejores amigos como Vargas Lleras, el fiscal, salido de esa misma entraña de “centro”, pasó a hacer parte de sus mayores enemigos por sus argumentos frente a las objeciones; pero de ahí a que se invente atentados para sabotear un acuerdo con la minga e incendiar el país, hay mucha distancia.

La respuesta de Duque a las pretensiones abusivas de la minga contra la dignidad del presidente como mandatario de todos los colombianos –de ellos también–, fue serena pero firme: Respeto a lo acordado, diálogo y rechazo a las vías de hecho.

El país está advertido: El Gobierno llegó a un acuerdo “cumplible” y anunció que no permitirá más bloqueos. Si la minga, para sumarse porque sí a un Paro Nacional, vuelve a acudir a vías de hecho, será suya toda la responsabilidad, porque no puede amarrar extorsivamente al Gobierno con “culpabilidades anticipadas”, para pretender impedirle el cumplimiento de sus deberes frente al orden público y la preservación de los derechos de todos.

Nota bene. La “Unidad” se adjudica el triunfo de rechazar el debate de la JEP por intereses politiqueros. El Gobierno se atribuye el de la dignidad, del deber cumplido, porque no solo se dan las batallas que se saben ganadas, sino las que se deben dar, así se pierdan.

@jflafaurie