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El gremio advierte que retrasos o asignaciones selectivas ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema y el acceso efectivo a las prestaciones.

La petición se fundamenta en mandatos constitucionales, jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Circular 003 de 2026, que exige medidas integrales para garantizar la atención en salud.

Valledupar, 27 de febrero de 2026.- La Unión de IPS Colombia (UNIPS) pidió al Ministerio de Salud y Protección Social adoptar medidas urgentes para garantizar el giro oportuno de recursos a toda la red prestadora de servicios, pública y privada, al considerar que el flujo irregular de financiación compromete la sostenibilidad del sistema y el acceso efectivo de la población a la atención en salud.

En una comunicación dirigida al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el gremio manifestó su “profunda preocupación institucional frente a la necesidad de garantizar el flujo oportuno, suficiente y equitativo de los recursos a la totalidad de la red prestadora”, advirtiendo que cualquier discriminación por naturaleza jurídica podría afectar el equilibrio financiero del sistema.

El documento recuerda que la salud es un servicio público esencial a cargo del Estado y que su dirección, regulación y control corresponden al Gobierno Nacional. En ese sentido, subraya que el Ministerio tiene la obligación indelegable de asegurar la sostenibilidad financiera y operativa del sistema, en cumplimiento de la Constitución y de la Ley Estatutaria de Salud.

Yendo más allá, UNIPS enfatiza que la jurisprudencia constitucional ha establecido que el flujo adecuado de recursos no es una facultad discrecional, sino un deber vinculante. Citando la Sentencia T-760 de 2008, el gremio señala que la disponibilidad real y oportuna de recursos es condición indispensable para garantizar el derecho fundamental a la salud, y que el Estado debe asegurar su efectividad material mediante el pago oportuno a los prestadores.

Asimismo, advierte que la falta de pagos oportunos compromete la sostenibilidad de las instituciones y pone en riesgo la continuidad de los servicios. “La posibilidad de que las IPS cumplan adecuadamente su función depende directamente del flujo real de recursos”, señala el documento, al tiempo que recalca que estos deben desembolsarse oportunamente y llegar efectivamente a quienes prestan la atención.

Otro punto sensible es la alerta sobre políticas o medidas que prioricen recursos hacia un segmento específico de la red podrían generar discriminación injustificada entre prestadores. “Cualquier medida que genere desequilibrios entre los actores del sistema puede comprometer la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud y vulnerar el principio constitucional de igualdad”, advierte la comunicación.

Sobre el particular, subraya la organización gremial, que la red privada representa cerca del 90 % de la capacidad instalada y operativa del país, especialmente en servicios de mediana y alta complejidad, lo que explica que el volumen de recursos girados mediante mecanismos como el giro directo sea proporcionalmente mayor hacia este segmento. Sin embargo, insiste en que esta realidad debe entenderse como un reconocimiento del volumen de servicios prestados y no como un trato preferencial.

Finalmente, solicitó que los lineamientos de la Circular Externa 003 de 2026 se apliquen de manera integral y equitativa a todos los prestadores, sin exclusiones. A su juicio, garantizar el flujo oportuno de recursos no es solo una obligación financiera, sino una condición esencial para materializar el derecho fundamental a la salud y asegurar el funcionamiento efectivo del sistema en su conjunto.