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Barranquilla, 1 de agosto de 2018.- A raíz de la información publicada de un informe de contrainteligencia por El Expediente donde se daba cuenta de un presunto complot contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el que se encontrarían involucrados magistrados de las altas cortes, el senador Iván Cepeda, e incluso el presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos, el General Naranjo y dos magistrados, la W Radio dijo este miércoles que existía la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia interpusiera acciones penales en contra del periodista Gustavo Rugeles director del medio, por estas publicaciones. A lo anterior respondió la Flip que la Corte le aseguró que no presentará acción judicial alguna contra periodistas.

Señala la Flip textualmente que posterior a la “llamada a indagatoria al expresidente Uribe por parte de la Corte Suprema de Justicia el debate público se ha visto opacado por los distintos actores, con lo que se estaría buscando amedrentar a los medios de comunicación y periodistas interesados en cubrir el proceso contra Uribe”.

El organismo que tarbaja en la defensa de la libertad de prensa y congrega a periodistas y medios de comunicación se refirió también a la rueda de prensa de este martes en la que el senador Iván Cepeda anunció que iba a tomar medidas penales en contra de Gustavo Rugeles y de Fernando Londoño por difundir información, “en criterio de Cepeda, calumniosa”. El pasado 27 de julio, El Expediente publicó una nota titulada “El Expediente revela informe de contrainteligencia sobre supuesto complot criminal contra Álvaro Uribe”.

Así mismo se refirió también en rueda de prensa, el abogado de Uribe, Jaime Granados, se refirió a filtraciones de material probatorio del proceso a medios de comunicación con el fin de “maltratar a Uribe y hacerlo ver como responsable de actos que no ha cometido.”

Frente a lo anterior la FLIP manifiesta como primera medida que “el procedimiento en contra de Uribe es un asunto del más alto interés público. Este caso debe debatirse públicamente independientemente de la opinión o parecer de las  personas involucradas en él. Entre más transparencia exista en el proceso, mayores garantías habrá para los implicados y para la ciudadanía”.

En segundo termino señala que “tanto el procesado, como la CSJ y las demás entidades y funcionarios que tengan competencia o interés  en el asunto deben ser tolerantes a la crítica. Son los integrantes de la Corte y los congresistas quienes escogieron voluntariamente los roles públicos que representan y eso les acarrea un mayor escrutinio público y exposición. Hay un interés general sobre sus actuaciones y opiniones. Además, el derecho de la sociedad a recibir informaciones y opiniones al respecto está por encima de las posiciones de las instituciones o funcionarios parte de la presente controversia”.

Así mismo como tercera medida “rechaza que desde las autoridades se insinúe o contemple la judicialización vía penal sobre las publicaciones de los medios de comunicación. El cubrimiento de este caso tiene una especial protección constitucional y anticipar como consecuencia el uso del derecho penal configuraría un mecanismo de censura indirecta”.

De igual manera el organismo informa de su conversación con la Corte respecto del tema, dándole especial valor a la respuesta positiva de “la CSJ en la que confirma que no iniciará acciones judiciales. Sin embargo, los últimos hechos invitan a recordar que una situación similar se presentó años atrás”. 

Advierte que “una democracia no puede permitir que la máxima autoridad en lo penal llegue a desconocer su deber acentuado de tolerancia a la crítica y responda con acciones legales a los contenidos que le causan molestia. Una acción de este tipo condicionaría la actuación del fiscal y el juez que conocieran el caso contra el periodista. Esto representa un riesgo excesivo para la democracia”.

Finalmente señala tres puntos básicos sobre el tema en cuestión publicado y origen de la presunta censura:

1. El centro del debate público sobre el caso Uribe debe ser él, las personas implicadas y las autoridades a cargo del caso, no los periodistas que están interesados en cubrir el asunto.

2. Los custodios de la información reservada son los funcionarios. Los periodistas que reciben dicha información no deben ser objeto de señalamientos ni acciones legales.

3. La verdad sobre este caso debe decantarse en el debate público. Las autoridades tienen como deber el de abrir espacios para esto en lugar de poner trabas para el libre flujo de opiniones e informaciones.