JUDICIALES

Barranquilla, 22 de febrero de 2018.- Informó la Fiscalía la mañana de este jueves que por solicitud del ente investigador, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia ordenó la extinción del derecho de dominio sobre 16 bienes muebles e inmuebles que figuraban a nombre de la mamá y una hermana de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, y de Victoria Eugenia Henao Vallejo, esposa del abatido jefe del Cartel de Medellín,  Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Entre  los bienes afectados con la decisión judicial figuran un apartamento y una casa ubicada en el barrio El Poblado de Medellín, así como dos bodegas ubicadas en el barrio Cristo Rey y dos vehículos, uno de ellos de servicio público.  Estas propiedades estaban en cabeza de Aura Ofelia Vásquez de Velásquez, madre de alias Popeye.

También aparecen otra bodega ubicada en el barrio Guayabal de la capital antioqueña, a nombre de Luz Marina Velásquez Vásquez, hermana del jefe de sicarios del Cartel de Medellín, y una casa de 868 metros cuadrados que figuraba a nombre de Óscar Diego Jaramillo Fernández, exesposo de la anterior.

El fallo de primera instancia también afectó un terreno y dos locales comerciales de un establecimiento de grandes superficies  conocido como Domo Centro Comercial, ubicado también en un exclusivo sector de El Poblado y cuya propietaria era la viuda de Escobar Gaviria.

También se ordenó la extinción de dominio a un vehículo Mercedes Benz modelo 1977, de placas LX 1865 de propiedad del desaparecido capo.

La Fiscalía demostró que todos los bienes afectados provenían del capital obtenido en desarrollo de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico que fueron desplegadas por Pablo Emilio Escobar Gaviria y sus lugartenientes, entre ellos Jhon Jairo Vásquez Velásquez. Se estableció además que  las propiedades de la familia de alias Popeye empezaron a comprarse en 1988, dos años después de su ingreso a la reconocida estructura criminal.

El fallo judicial dispone el traspaso de  los mencionados bienes, cuyo avaluó catastral es de 6.200 millones de pesos, a favor del Estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La decisión  puede ser apelada por las partes ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá.