JUDICIALES

Barranquilla, enero 23 de 2017.- Durante la segunda Jornada de Audiencia Pública Anticorrupción, celebrada en la ciudad de Montería en el departamento de Córdoba, según un informe de la Fiscalía y el Fiscal General de la Nación, para atender las problemáticas en materia de corrupción que afectan la región.

En el evento realizado en el Centro Cultural y de Convenciones 50 ciudadanos interpusieron sus denuncias de presuntos casos de corrupción en Córdoba. Y otros 146 ciudadanos fueron atendidos por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), temas referentes a criminalidad. En total se recolectaron 246 reportes de información ciudadana, que corresponden a 22 ejes temáticos relacionados con delitos contra la administración pública y 2 de ellos relacionados con delitos comunes, de los que se destacan los siguientes:

• Homicidios priorizados
• Irregularidades en contratos de infraestructura
• Corrupción en hospitales del departamento
• Irregularidades en el manejo de recursos de la salud del departamento
• Recursos de resguardos indígenas de San Andrés de Sotavento
• Irregularidades en el manejo de los recursos de regalías
• Restitución de tierras
• Corrupción en el municipio de Santa Cruz de Lorica
• Microtráfico en Montería – barrio El Recuerdo

La Fiscalía articulando la Dirección Seccional de Córdoba y la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, priorizó algunas investigaciones, sin perjuicio del normal desarrollo de las actuaciones en trámite:

• Presuntas irregularidades en la contratación efectuada por la Secretaria de Educación del municipio de Lorica, que al parecer habría invertido recursos del Sistema General de Participaciones en la matrícula de 2.871 estudiantes inexistentes.
• Presuntas irregularidades en el procedimiento utilizado por la Secretaria de Salud de Córdoba para reconocer el pago de tratamientos, medicamentos y terapias basadas en neurodesarrollo (Síndrome de Down), no incluidas en el POS, durante los años 2014 y 2015 generando pagos favor de cuatro IPS del Departamento.
• Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos girados por el Ministerio de Hacienda, en los años 2010 y 2011, a los resguardos indígenas de San Andrés de Sotavento, se investiga la posible y apropiación de $825.034.844 que no fueron invertidos en esa población.
• Se investigan probables irregularidades en el marco de la celebración y ejecución del convenio de apoyo No. 4 de 2011, suscrito ente la Alcaldía del municipio de Tuchín y el representante legal de Funayuda para la construcción del acueducto y distribución de redes para varias comunidades.
• Se investigan irregularidades en los convenios de ciencia y tecnología financiados con partidas de regalías giradas al departamento de Córdoba.
• Se investigan probables irregularidades en la expedición de resoluciones (vigencia 2015) a través de las cuales la Secretaría de Salud del departamento de Córdoba ordenó el pago y el suministro de medicamentos NO POS denominado factor VIII.
• Se investigan los hechos en los cuales el funcionario de la Fiscalía, Mario Alfonso Lora Correa, atacó con arma de fuego a tres personas, dos de las cuales fallecieron.
• Homicidio de la joven Nataly Salas, cuyo cadáver fue encontrado en la laguna de Oxidación del INAT de la ciudad de Montería.
• Se investigan la irregularidades en la suscripción y ejecución de un contrato suscrito ente la ESE Hospital San Jerónimo y la Comercializadora Nacional de Suministros y Osteosíntesis IPS SAS, que habría implicado un aparente detrimento patrimonial para el Estado.
• Se investiga la presunta elaboración y pago de contratos de prestación de servicios inexistentes por parte del gerente de la ESE Hospital San Francisco de Asís del municipio de Ciénaga de Oro.
• Se investiga la celebración y ejecución del contrato de aporte N° 374 del 23 de diciembre de 2014 suscrito entre el ICBF (Regional Córdoba) y la Fundación Tierra Nuestra, cuyo objeto es atender a niños y niñas menores de 5 años en los servicios de educación inicial y cuidado.
• Presuntas apropiaciones de recursos públicos por parte de funcionarios de la rama judicial.
• Irregularidades en la ejecución del contrato de obra 474-2013 suscrito entre la Gobernación de Córdoba y la Unión Temporal Alto Sinú, cuyo objeto es la terminación de la construcción de un puente sobre el Rio Sinú, en el municipio de Valencia, y la realización de obras de protección ambiental.
• Irregularidades en un convenio interadministrativo de cofinanciación suscrito entre la Gobernación de Córdoba y el Municipio de Montería, cuyo objeto es la construcción del coliseo Miguel “Happy” Lora.
• Se investiga la perdida de varios insumos y equipos de la Secretaría de Salud Departamental para la ejecución de programas de tratamiento y prevención de enfermedades endémicas.

De igual modo, el resto de la información recibida durante la jornada es procesada y analizada por parte del equipo de la Sección Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía General de la Nación y, una vez culminada esta labor, serán asignados los respectivos números de noticia criminal. Sin embargo, dentro de este último grupo de casos se priorizarán para una segunda fase de resultados los siguientes:

• Presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato para la construcción y remodelación de la Villa Olímpica de Montería.
• Presuntas irregularidades en la modificación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Montería por parte del Concejo Municipal.
• Existencia de una organización delincuencial dedicada el microtráfico en el barrio El Recuerdo del municipio de Montería.
• Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato suscrito entre el Ministerio de Agricultura y el Incoder para la construcción del distrito de riego en el municipio de Lorica.
• Presunta extralimitación de funciones de servidores públicos de la DIAN – Montería, en perjuicio del patrimonio de los contribuyentes.
• Se denuncian presuntos “falsos positivos” al interior de la Unidad de Restitución de Tierras de Córdoba, que a través del reconocimiento de falsas víctimas han permitido el despojo de tierras de legítimos propietarios.
• Se solicita dar cumplimiento a la compulsa de copias ordenada por el Consejo de Estado para que se investiguen los presuntos manejos irregulares de los recursos procedentes de regalías del municipio de San Antero.
• Presunta existencia de un “cartel de fundaciones de papel” creadas con el propósito de apropiarse irregularmente de los recursos de la población discapacitada de Montería.