EN CAMPAÑA

Barranquilla, 21 de junio de 2018.- El Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, afirmó en rueda de prensa este jueves, la Segunda Fase de investigación en el caso del presunto fraude electoral que vincula a la senadora electa Aída Merlano, en el que vinculó directamente a la fórmula a la Cámara de la misma, Lilibeth Llinas, número 107 en el tarjetón de Cambio Radical, y a dos concejales del Partido Conservador que también la apoyaban políticamente al igual que a dos diputados de su Partido, dos empresarios.

La Fiscalía afirmó que para sus pesquisas y adjuntar material de pruebas, se apoyó en 50 investigadores, 2112 horas de video y audios recaudados, pusieron al descubierto un entramado que según el Fiscal Néstor Humberto Martínez. La empresa dijo el Fiscal que operaba al servicio de campañas políticas que según las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República,

Así lo destaca a través de audios obtenido en el proceso dan cuenta que sus gestores manifestaban que “para la próxima campaña vamos a trabajar con sistemas y no solamente con las manos”.

Afirmó Martínez Neira, que la organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos en los barrios, a quienes pagaban a partir de dineros ilegales, que según él también descubrieron los investigadores llegando a los orígenes de los recursos con que se financió la campaña. No solo trabajaban a través de Aida Merlano sino también otras campañas como la formula a la Cámara, Lilibeth Llinas, quien no fue elegida.

Añadió además que se varias categorías entre las que estaban los. Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros. Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras. Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes. Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo. Y los Didactas encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales

Además de reiterar su tesis de los corazones de colores, capacitación para marcar el tarjetón, además de el supuesto talonario en el que según los investigadores, marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella.

El Fiscal denunció a través de un vídeo mostró como la senadora electa, según él, distribuía el dinero el mismo día de las elecciones a las 8:30 de la mañana para el pago supuestamente de la compra de votos.

Para el día de elecciones señala la Fiscalía que fueron arrendadas 187 terrazas, para que los votantes antes de ir a las urnas llegaran los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores, que serían especialmente personas de bajos recursos y poca escolaridad, adultos mayores.

La estructura que señala Néstor Humberto Martínez habría estado conformada por los siguientes dirigentes, servidores y exservidores públicos de elección popular, que habrían estado al servicio de los Candidatos al Congreso: Aida Merlano y Lilibeth Llinás, con el apoyo de Dirigentes políticos regionales, serían estos los diputados, concejales, empresarios y 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos., lo que constituye un delito nuevo.

Los nombres de los dirigentes políticos que suministró la Fiscalía corresponden a Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico. Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico. Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla. Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla. Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo. Vicente Támara, exConcejal del municipio de Soledad. Al igual que a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría, por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral, quienes serán llamados a Interrogatorio como financiadores por el fiscal de conocimiento.

Para el Fiscal hubo financiación pública que se conseguía a través de contratos de prestación de servicios con entidades de la región, tal como el Concejo Distrital de Barranquilla, porque quienes operaban en Casa Blanca la sede de campaña de Aída Merlano, tenían contratos con esa Corporación edilicia. Además de dinero privado lo que “constituye un problema sistémico”.

Así mismo señaló que registran 21 cheques cobrados que superaron los mil millones de pesos unos por Edwin Martínez durante el mes de febrero de 2018. Otro particular, por ejemplo, en un mismo día cobró en efectivo cheques por una cifra que superó los quinientos millones de pesos $500’000.000. Dado el volumen de las sumas recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de Casa Blanca y hasta en la “bañera” de la edificación.

Recordó que el monto máximo para gastos de un candidato al Senado se fijo en 900 millones de pesos, según la Resolución 2796 de 2017 del Consejo Nacional Electora y lo hallado pasaba de lejos esa suma

Varios de los indiciados podrían haber incurrido en dos 2 de los nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017: Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, artículo 396 B del Código Penal. Tráfico de votos, artículo 390 A del Código Penal.

Con base en el recaudo probatorio de esta Fase II, la Fiscalía anunció que el próximo 30 de julio según la fecha asignada por el centro de servicios judiciales de Barranquilla serán imputados por los siguientes delitos:

La candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Y los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.

Adicionalmente señaló que el fiscal de conocimiento ha decidido imputar, en fecha que será determinada por el centro de servicios de Barranquilla, por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos, a los primeros veinte (20) líderes – los más caracterizados e importantes – que aparentemente se dedicaban de manera profesional a formar y vender los “paquetes de votantes”.

En fecha que también será señalada por el centro de servicios de Barranquilla, también serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, seis (6) personas dedicadas a la logística de compra de votos dentro de la “Casa Blanca”.

Igualmente, el fiscal de conocimiento radicó solicitud de audiencia de imputación contra Edwin Martínez por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. La Fiscalía también solicitará audiencia para demandar el cambio de medida de aseguramiento de domiciliaria a intramural.

El fiscal de conocimiento compulsó copias el 20 de junio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. En la misma fecha también se compulsaron copias ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido las candidatas Aída Merlano y Lilibeth Llinás.