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Ex ministro de Justicia, Wilson Ruíz amplía denuncia ante la Corte Penal Internacional por persecución política y uso ilegal de inteligencia estatal

Valledupar, 6 de abril de 2026.- El exministro de Justicia Wilson Ruiz presentó un segundo complemento de denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por hechos de extrema gravedad que evidencian —a su juicio— un patrón sistemático de persecución contra la oposición política en Colombia.

La ampliación de la denuncia incorpora nuevos elementos probatorios, entre ellos la confesión pública del propio jefe de Estado sobre el uso de informes de inteligencia para monitorear conversaciones privadas de un candidato presidencial de oposición. Para Ruiz, este hecho no solo confirma la instrumentalización del aparato estatal, sino que demuestra una práctica incompatible con cualquier Estado de Derecho.

El exministro advierte que el uso de la Dirección Nacional de Inteligencia para fines políticos constituye una desviación de poder y una grave violación de derechos fundamentales como la intimidad, la libertad política y el debido proceso. En ese sentido, sostiene que estas conductas encajan dentro del crimen de persecución contemplado en el Estatuto de Roma, al tratarse de acciones dirigidas contra un sector específico de la población por razones políticas.

Asimismo, Ruiz señala que estos hechos no son aislados, sino que hacen parte de una estrategia más amplia en la que, mientras se otorgan concesiones a estructuras criminales bajo la denominada “paz total”, se intensifica la presión y vigilancia contra quienes ejercen oposición democrática. Esta dualidad —afirma— refleja un uso selectivo y arbitrario del poder estatal.

En su comunicación a la Corte Penal Internacional, el exministro solicita la incorporación inmediata de las nuevas pruebas al expediente, así como la apertura de una línea de investigación específica sobre el funcionamiento de la inteligencia estatal bajo la actual administración. Igualmente, pide evaluar la responsabilidad directa del jefe de Estado, quien reconoce ser receptor de información obtenida, presuntamente, sin control judicial.

“Colombia no puede normalizar que desde el poder se utilicen los organismos de inteligencia para vigilar y estigmatizar a la oposición. Esto no es democracia, es persecución política”, señaló Ruiz.

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