COLUMNISTAS

Lo sucedido el 3 de septiembre de 2025, con la elección del Dr. Carlos Camargo Assis como magistrado de la Honorable Corte Constitucional, representa, en mi opinión como opositor férreo a Gustavo Petro, es el golpe político más contundente contra las ambiciones de control absoluto sobre las ramas del poder público. Este exdefensor del Pueblo, elegido por el Senado con 62 votos, se impone como un baluarte de independencia judicial, frustrando los intentos del Pacto Histórico por someter la Corte a su ideología extremista de izquierda. Petro, en su reacción inmediata, declaró “No confío en él”, revelando su temor a un tribunal que no se pliegue a sus designios. Como abogado, subrayo, esta elección fortalece el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 113 CP (Constitución Política de Colombia), que establece ramas independientes: legislativa, ejecutiva y judicial, impidiendo la concentración autoritaria que Petro anhela.

¿Qué podemos esperar en estos últimos 10 meses de un gobierno zurdópata y violento?

Preparémonos para una escalada radical, ya que el fracaso en controlar la Corte Constitucional, desatará lo peor de este régimen socialista extremo:

1. Radicalización del Ejecutivo: Petro intensificará posiciones de izquierda extrema, bordeando el comunismo violento. Ante fracasos políticos, económicos y

sociales, activará las “primeras líneas” —grupos armados de recordación ingrata—, y movilizará guardias indígenas y campesinas bajo jurisdicciones especiales (artículo 246 CN), pervirtiendo su protección estatal para reprimir disidencia. Esto viola el monopolio estatal de la fuerza (artículo 216 CP), generando caos y violencia.

2026. Desconocimiento de resultados electorales: Petro ignorará elecciones nacionales (Presidencia, Senado), departamentales (Cámara, Asambleas) y locales (Concejos, JAL) si no favorecen su zurdopatía. Interferirá en selecciones internas de partidos (Ley 1475 de 2011), manipulando consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026. Como jurista, advierto que esto atenta contra el sufragio universal (artículo 258 CP) y podría constituir delitos electorales (Ley 1864 de 2017), exponiéndose a sanciones del Consejo Nacional Electoral.
2027. Deslegitimación judicial: Desconocerá fallos de la Corte Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado y CNE si no le convienen, generando inseguridad jurídica que ahuyentará inversiones. Esto contraviene el artículo 228 CP, que garantiza independencia judicial, y precedentes como la Sentencia SU-355/20, que sanciona el desconocimiento de decisiones constitucionales. El resultado: caos judicial y colapso económico.
2028. Alineación con regímenes autoritarios: Fortalecerá lazos con Venezuela, Cuba, Nicaragua y exmandatarios como Morales, Correa y Kirchner, alimentando un enemigo externo en EE.UU. y Trump. Esta política exterior ideológica ignora el interés nacional (artículo 226 CP), priorizando alianzas comunistas que aíslan a Colombia.
2029. Ataques a opositores: Intensificará persecuciones contra prensa, políticos, jueces y empresarios opositores. El aparato de inteligencia estatal se enfocará en vigilar disidentes, violando derechos fundamentales (artículo 15 CP sobre inviolabilidad de correspondencia y datos).
2030. Propaganda masiva: Invertirá recursos públicos en campañas falaces para simular logros inexistentes, confundiendo votantes. Esto malversa fondos estatales (Ley 734 de 2002, Código Disciplinario), erosionando la democracia.

En conclusión, estos meses serán de turbulencia y violencia inminente. Como abogado y defensor de la República, llamo a la unión monolítica de la oposición —del centro a la derecha— para liquidar esta pesadilla en primera vuelta electoral. Ir a segunda es ruleta rusa con tres balas en el tambor: un suicidio político.

Alistemos escudos y espadas jurídicas para defender el la República, el Estado de Derecho y la Democracia, contraatacando cualquier violación a nuestros derechos constitucionales.

¡La democracia no se negocia; se defiende con contundencia!

@lacoutu