EN CAMPAÑA, POLITICA

Nuevas explicaciones sobre el trabajo de la firma auditora, limitado a la información suministrada por el partido y sin capacidad de reconstruir participación por territorios, reforzaron la tesis de José Félix Lafaurie de que el problema es procedimental.

Él sigue reclamando respuestas sobre metodología, trazabilidad y garantías internas.

Valledupar, 29 de enero de 2026.- La controversia por la consulta interna del Centro Democrático escaló tras las recientes declaraciones de Hugo Galilea, director de Kepler —firma auditora contratada por el partido—, quien al intentar precisar el procedimiento terminó confirmando límites técnicos que se conectan con los cuestionamientos consignados por José Félix Lafaurie Rivera en una nueva carta dirigida a la Dirección Nacional.

Galilea afirmó que Kepler trabajó con la base de datos entregada por el partido y que el voto fue definido como secreto, razón por la cual no es posible identificar locaciones de envío ni reconstruir participación por territorio, asimismo, explicó que la encuesta se reenviaba cuando un militante no respondía dentro del tiempo previsto y que ese reenvío se repitió hasta tres veces, hasta consolidar 2.255 respuestas válidas.

Sin embargo, reconoció que no tuvieron acceso a la información por municipios o departamentos. Ese tipo de vacíos son precisamente el punto de choque, pues, Lafaurie afirma que el partido no ha querido responder sus cuestionamientos. En su carta, el dirigente sostiene que, en lugar de atender reparos técnicos y jurídicos, la Dirección Nacional optó por descalificar los reclamos.

De acuerdo con Lafaurie, de esta entrevista quedan más dudas que certezas. «Kepler se presenta como una empresa que solo garantiza la seguridad digital del proceso, no como auditor integral del proceso electoral. Además, no validaron aspectos clave del procedimiento electoral, como la georreferenciación de votantes o si se contactó a todos los miembros del censo electoral».

El dirigente gremial fue más allá y expresó que «Galilea admite que Kepler solo trabajó con la base de datos entregada por el partido, sin validar su integridad o exhaustividad. No verificaron si los 4.965 envíos incluían a todos los militantes con derecho a voto, ni si se cumplió la cobertura en departamentos clave como La Guajira».

Agregó que la auditoría anonimizó los datos, lo que impide identificar quiénes votaron (aunque no cómo lo hicieron). Esto impide verificar la participación real de los llamados a votar. «Si bien argumentan que esta decisión fue de los ‘mandantes’ (el partido o la encuestadora), esta decisión limita seriamente la transparencia y auditabilidad del proceso».

El alto ejecutivo manifestó que la empresa Kepler solo auditó a Panel Ciudadano, no a CADEM, lo que deja fuera del control técnico la mitad del proceso de encuesta. «Kepler tampoco validó si los resultados de ambas encuestas eran consistentes entre sí o si existía manipulación cruzada. No pidieron ni verificaron información geográfica, lo cual es esencial para garantizar cobertura nacional equilibrada».

Así las cosas, Kepler no actuó como una auditoría electoral integral, sino como un proveedor de seguridad digital. Esto contradice el deber del partido de garantizar transparencia, trazabilidad y validación del proceso, especialmente para un mecanismo de selección interna presidencial.

«No se garantizó cobertura territorial. Kepler no tenía control sobre cómo se realizó la encuesta, sino solo sobre el canal de envío y recolección de votos. Su papel fue muy limitado frente a las exigencias de transparencia electoral», puntualizó Lafaurie Rivera.

Carta a la Dirección Nacional del Centro Democrático

En su carta a la Dirección Nacional del Centro Democrático, Lafaurie Rivera lamenta «profundamente que, en lugar de abordar de fondo la situación política y jurídica que rodearon dicho proceso, se haya optado por una defensa cerrada, ignorando derechos de petición, pruebas documentales y conceptos jurídicos presentados”.

El énfasis de la misiva no se limita a la auditoría, sino al posicionamiento de la discusión en el plano personal. “Aún más grave y desconcertante resulta la afirmación implícita de que quien suscribe ‘se ha marginado’ del partido. Rechazo con contundencia esa insinuación, jamás he renunciado… Por el contrario, solicité la escisión”, señala .

A renglón seguido y fiel a su estilo frentero, el dirigente espoleó aún más a las directivas de la colectividad, quienes, a su juicio, “en lugar de responder las preguntas de fondo, el partido intente cerrar el debate… eliminar políticamente al mensajero”.

En el plano procedimental, Lafaurie enumera una serie de objeciones que, a la luz de las aclaraciones de Kepler, toman nueva tracción. “La opacidad absoluta en la metodología, selección de muestra, reporte de resultados y criterios de validación de las encuestas y el incumplimiento de condiciones ofrecidas por la firma auditora, que no entregó reportes técnicos ni cumplió los términos de trazabilidad diaria”, reclamó el líder político.

Finalmente es oportuno advertir que, con este cruce de versiones, la polémica dejó de girar solo alrededor de la disputa interna y se concentró en un punto verificable: ¿qué validó realmente la auditoría?, ¿qué quedó por fuera? ¿Y por qué —según Lafaurie— el partido respondió atacando al denunciante antes que aclarando el procedimiento?