AGRONOTAS, COLUMNISTAS

¡En 1994!, ¡con autorización del INCORA!, Joaquín le vendió libremente su parcela a Víctor, otro campesino de Riosucio, Santander.

En 2011, ¡17 años después!, ya expedida la Ley 1448, Joaquín, que nunca se desplazó, decide que vendió presionado, se declara víctima, solicita restitución, el juez le da la razón y el pobre Víctor, ya anciano, que nunca lo amenazó y pagó lo pactado, 20 años después termina despojado por el Estado que autorizó el negocio.

Es una tragedia repetida, por cuenta de sentencias que convierten en “opositores” a campesinos “de buena fe” que les compraron a avivatos devenidos en “víctimas”, por una ley necesaria -siempre lo he dicho- frente al despojo de narcoterroristas de toda laya, pero con fisuras que la convirtieron, paradójicamente, en instrumento de despojo estatal.

No obstante, para Ariel Ávila, “pazólogo”, “violentólogo” y “tierrólogo” del “farcsantismo”, la cosa es al contrario; no existen terceros de buena fe, y Víctor es uno de esos perversos “civiles que se quedaron con la tierra despojada”, a quienes la senadora María Fernanda Cabal pretende beneficiar en un proyecto que “legaliza el despojo y deja desamparados a campesinos que fueron desarraigados”…, como el “pobre bandido Joaquín”.

Así lo afirma en su reciente líbelo -¿Quién despojó la tierra en Colombia?-, con mentiras basadas en un informe de “Forjando Futuros”, otra ONG como “PARES” y su antecesora “Arco Iris”, de Ávila y el exeleno León Valencia, y muchas otras que tuvieron con Santos ocho años de “vacas gordas”, ordeñando la cooperación internacional y los recursos de nuestros impuestos.

Ávila vive de “ordeñar” alimentando estigmas. Entre Petro y Santos le mantuvieron un promedio anual de 50 milloncitos en variados contratos durante 2013-2016, que incluyeron hasta la Policía Nacional y el ICBF. Entre 2014 y 2016, la Alcaldía de Santa Marta -Carlos Caicedo, actual gobernador- les ayudó a sus amigos de PARES con 1.300 millones. En 2018, “Judicial Watch”, fundación contra la corrupción en Estados Unidos, denunció que Nuevo Arco Iris, PARES y Las Dos Orillas, recibieron ¡al menos un millón de dólares! de USAID.

La fuente de Ávila, Forjando Futuros, se precia de haber recibido cooperación internacional por ¡5 millones de euros!, y recursos del estado colombiano por ¡9 millones de euros más!

Es la rentabilidad de la mentira: Que son 6,5 millones las hectáreas despojadas, cuando el mismo Santos se comprometió a restituir 2,4 que estimaban despojadas. Hoy, después de 10 años y un gasto presupuestal de más de dos billones, a julio 30 la URT reportó 382.755 hectáreas restituidas.

Que “las guerrillas” solo despojaron el 16% es otra mentira. El fiscal de la época tasaba su emporio terrateniente en billones y un informe de El Tiempo (2018), con cifras de la URT, afirmaba que “… el 44 % de los despojos, según lo nombran las víctimas en su declaración, los hizo la guerrilla de las Farc…”.

Ávila, PARES y Forjando Futuro son un botón de la muestra de ONG de izquierda dedicadas al ordeño de recursos. Platica mal gastada en estudios y mentiras, mientras se profundiza la pobreza, como hizo la reforma agraria durante décadas, pues el 54% de las restituciones tiene un área inferior a cinco hectáreas, es decir, pobres que lo seguirán siendo, detrás de los cuales no hay un paramilitar ni un guerrillero.

Más haría el Gobierno concentrando recursos para brindar verdaderas soluciones a quienes fueron despojados, excluyendo avivatos y dejando de “cebar” a quienes, montados a hombros de la tragedia humana, se dedican al ordeño infame de la ingenua cooperación internacional, y de los recursos escasos del presupuesto. ¡No más vagabundería!