GOBIERNO

Un documento de 1991, firmado por el hoy presidente, lo identifica como “miembro indultado del M-19”. La revelación fue hecha por Álvaro Uribe, quien cuestiona que Petro niegue hoy este beneficio que antes reclamó para posesionarse como congresista.

En un nuevo episodio de confrontación entre dos de los principales protagonistas de la política colombiana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó este martes un documento que deja en entredicho una de las afirmaciones más reiteradas por Gustavo Petro sobre su pasado: que nunca fue indultado tras su paso por el M-19.

La prueba difundida es una carta fechada el 29 de octubre de 1991, firmada por el entonces congresista electo Petro, en la que se presenta expresamente como “miembro indultado del M-19”, y solicita a la Sección Jurisdiccional de Orden Público un certificado judicial necesario para su posesión en el Congreso.

“Otra mentira del presidente Petro, me respondió que no fue indultado. Aquí escribió lo contrario”, sentenció Uribe al publicar el documento con membrete oficial de la Alianza Democrática M-19, movimiento político nacido de la desmovilización armada.

En la misiva, Petro reconoce que el DAS aún registra órdenes de captura en su contra por parte de varios juzgados que conocieron procesos relacionados con el asalto al Palacio de Justicia, y argumenta que dichas órdenes deberían cesar en virtud del indulto concedido por un tribunal.

“Solicito […] un certificado donde conste que no estoy solicitado por dichos juzgados, de acuerdo con el indulto proferido por el tribunal sobre el caso del Palacio de Justicia”, afirmaba Petro en el documento.

La contradicción, según Uribe, no es menor: en múltiples entrevistas y alocuciones recientes, el presidente ha sostenido que su situación jurídica fue resuelta mediante una amnistía colectiva, y ha insistido en que jamás recibió un indulto individual, con el cual —ha dicho— se buscaría borrar hechos delictivos.

Este caso pone en el centro del debate no solo la coherencia personal del jefe de Estado, sino también la delgada línea entre la amnistía política y el perdón judicial, y revive una discusión jurídica sobre los alcances del Decreto 2064 de 1990, expedido por el Gobierno de Virgilio Barco, con el cual se facilitó la reintegración de los excombatientes del M-19 a la vida institucional.

Hasta el momento, la Presidencia de la República guarda silencio sobre el documento, que circula ampliamente en rede