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Con redefinición de política exterior de USA, Colombia dejaría de recibir fondos bajo nueva agenda de seguridad

El congresista Mario Díaz-Balart acusó al gobierno Petro de no compartir intereses estratégicos y favorecer estructuras criminales. La propuesta reorienta los fondos hacia prioridades militares, control fiscal y aliados clave.

Valledupar, 17 de julio de 2025. Inició en el Congreso de los Estados Unidos la discusión de un proyecto de ley que podría transformar las relaciones de cooperación bilateral con América Latina. La iniciativa presupuestal para el año fiscal 2026, presentada por el congresista Mario Díaz-Balart, propone eliminar la ayuda exterior a Colombia por considerar que el país ha dejado de ser un aliado confiable.

En la sesión del Subcomité de Asignaciones del pasado miércoles, Díaz-Balart afirmó que “el proyecto de ley recorta o retiene la ayuda a los países que ya no promueven intereses compartidos, como: Colombia, debido a los fracasos abyectos de la administración Petro en la prevención de la violencia política, la creación de deterioro económico y el envalentonamiento de los criminales transnacionales”.

El documento, alineado con la agenda “America First”, plantea una reducción del 22 % en el presupuesto exterior de EE. UU., lo que equivale a más de 13.000 millones de dólares. A cambio, incrementa recursos destinados a seguridad militar, control migratorio y contención geopolítica frente a China e Irán.

“La mayor amenaza para la estabilidad y la seguridad de nuestro país es nuestra deuda, y este proyecto de ley, de forma drástica pero responsable, frena el gasto”, argumentó el congresista, quien también defendió una visión más restrictiva de la cooperación internacional: “se acabaron los días de una política exterior estadounidense débil”.

Esta iniciativa también excluye fondos para la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional. Asimismo, prohíbe el financiamiento de programas con enfoque de diversidad, género o transición energética.

De aprobarse, la ley modificaría el flujo de recursos que históricamente ha recibido Colombia a través de USAID y otros mecanismos de asistencia para seguridad, lucha antidrogas, medio ambiente y desarrollo rural. El impacto podría sentirse especialmente en programas sociales que dependen de aportes externos para su sostenibilidad.

Finalmente, aunque el proyecto deberá pasar por votación en el Congreso, pero su contenido refleja un viraje presupuestal y estratégico que redefine sustancialmente el lugar de Colombia en la política exterior estadounidense y los efectos negativos de las dinámicas administrativas del gobierno Petro.

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