Afirmó que se debe investigar y judicializa también a quienes están detrás y quiénes los financian

Barranquilla, 4 de marzo de 2023.- Senadora María Fernanda Cabal presentó denuncia penal en contra de los criminales que con la excusa de ser guardia campesina, secuestraron, y torturaron a 79 policías, asesinando a uno de ellos identificado como Ricardo Arley Monroy Prieto, en San Vicente del Caguán, mientras mantenían secuestrados a 78, hiriendo a cerca de 40 uniformados de la Policía, además de haber secuestrado a 6 empleados de una empresa petrolera que lleva a cabo operaciones en esa zona del país.

Afirmó la senadora Cabal que “no entiende como envían a un Esmad, que esta desarmado buena parte por cuenta de las ONGs que defienden izquierdos humanos, sin tener Fuerza Pública armada detrás, sin inteligencia sin haber hecho un levantamiento del territorio. Así mismo denunció que muchos campesinos fueron obligados a salir, bajo la amenaza de pagar 20 millones de pesos, son poblaciones capturadas por cualquiera porque el negocio que une a estos grupos es el narcotráfico”.

En la denuncia dirigida directamente al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, por las graves violaciones a los derechos humanos y demás delitos que se encuentren se deriven de los hechos sucedidos el pasado 2 de marzo en que los uniformados estuvieron en poder de los, al parecer milicianos al servicio de las Farc.

Señala la parlamentaria que la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública que se encontraban al parecer en total estado de indefensión, fueron asaltados por una toma violenta de por los supuestos “campesinos quienes exigían la reivindicación de sus derechos sobre la tierra, comprometiendo con los actos de violencia la vida e integridad de ocho trabajadores y decenas de policías.

Recordó en su demanda que desde hace 40 días la comunidad ya venía liderando bloqueos en la zona. Al igual que recordó que la ACP hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que, en defensa de los derechos humanos, interveniniera de inmediato y restableciera el orden público y, garantizara y preservara el derecho a la vida de las personas que aún se encuentran en el campo y sus alrededores. Recuerda también que a raíz de los actos violentos propiciados por los elementos violentos en medio de los hechos por quienes se tomaron el campo petrolero, asesinaron a un Policía que fue identificado como el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto quien recibió un disparo de fusil Ak-47. Así mismo murió un campesino.

En su demanda la Senadora recoge lo dicho por un medio de comunicación quien señaló que quienes estuvieron relacionados con estos graves hechos, eran los “Integrantes de la guardia campesina del municipio de San Vicente del Caguán”.

También esta la versión de la secretaria de Gobierno de San Vicente de Caguán Sandra Rodríguez“ quien señaló qe “el policía murió de una puñalada que le dan en el cuello”.

Cabe resaltar que 9 empleados de la petrolera permanecían encerrado en las instalación contra su voluntad, luego de que hace un mes, según la secretaria su trabajo había cesado y no podían salir porque los violentos manifestantes prohibieron el ingreso y la salida” de los trabajadores a la zona”.

Reiteró la senadora que los presuntos delitos cometidos van desde secuestro, homicidio, con el agravante de cómo fueron sometidos además a tratos crueles, desplazamiento d elos habitantes, ataque al servidor público, amenaza a servidor público, incendios los cuales fueron conocidos de manera pública, y sin lugar a duda corresponden a situaciones fácticas que pueden constituir la comisión de delitos que deben investigarse, judicializar los responsables, además de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes ambientales.

Por lo anterior solicitó en su demanda que se investigue la conformación, financiación y figura de la que hace uso esta autodenominada “Guardia campesina”, así como las actuaciones violentas, para determinar si corresponden a conductas desplegadas de manera sistemática y generalizadas, que obedecen a un plan común de desestabilización del país y la democracia, donde se terminan presentando estos hechos delictivos de graves violaciones a los derechos humanos.

Además, el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda, aseguró que 70 uniformados y trabajadores de la compañía han sido secuestrados.