
La aspirante presidencial anunció acciones legales y solicitud de medidas ante la CIDH tras graves señalamientos del presidente Gustavo Petro que la vinculan, sin pruebas, a una supuesta red neonazi.
Valledupar, 20 de abril de 2025.- En un hecho sin precedentes que ha estremecido el escenario político colombiano, el presidente Gustavo Petro señaló públicamente a la senadora María Fernanda Cabal como presunta integrante de una supuesta red neonazi y criminal liderada por un usuario conocido como @Lykanista, un perfil anónimo en redes sociales.
La acusación, realizada a través de un hilo de X (antes Twitter) publicado por el mandatario, ha desatado una tormenta política por la falta de pruebas y el alto nivel de riesgo que genera para la vida e integridad de la senadora, su familia y su equipo de trabajo.
La respuesta de Cabal no se hizo esperar. En una declaración pública y categórica a través de sus redes sociales la líder política, considerada por muchos como la más sólida aspirante presidencial de la oposición para el 2026, denunció el grave peligro al que está siendo expuesta por las palabras del jefe de Estado:
“¡Petro no sea cobarde! Su calumnia y sus bodegas están poniendo en peligro mi vida y la de mi familia. Le exijo rectificar este hostigamiento con fines políticos y violencia de género, contra una líder de oposición a quien usted no ha podido enfrentar con argumentos. Iniciaré las acciones legales y la solicitud de medidas ante la CIDH”.
La controversia inició luego de que el presidente Petro compartiera una publicación del colectivo Grupo Aquelarre —conocido por atacar a líderes conservadores y críticos del gobierno— donde se perfila a Cabal como parte de un supuesto entramado de extrema derecha encargado de realizar amenazas de muerte contra “progresistas en la red”, incluyendo al propio presidente.
En su trino, Petro fue más allá al exigir a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y a la Corte Suprema de Justicia que abran investigaciones judiciales contra la senadora:
“La red está vinculada a la senadora Cabal (…) le solicito a la Corte Suprema que inicie investigación sobre el papel de la senadora en esta red de extrema derecha neonazi”.
Estas afirmaciones, sin sustento jurídico ni pruebas verificables, representan un hito peligroso en la historia reciente del país: un jefe de Estado acusando a una líder de oposición de delitos graves sin la mediación de instituciones, sin pruebas ni el debido proceso.
Diversos sectores políticos, periodistas, líderes sociales y ciudadanos han expresado su rechazo a lo que consideran una “estrategia de persecución y desprestigio” contra Cabal. En redes sociales, la solidaridad ha sido masiva:
“¿Tiene las pruebas suficientes para incriminar de esa forma a la Senadora @MariaFdaCabal? Seguramente un nuevo invento suyo presidente @petrogustavo, sin sustento alguno, intentando dañar la imagen de la oposición”.
“El país en el peor momento en inseguridad y escaladas terroristas, y el presidente rompiendo la independencia de poderes para perseguir judicialmente a la senadora Cabal y a unos tuiteros que ejercen oposición con el mismo lenguaje que su propia bodega”.
“Está claro que esto es un intento de silenciar a la oposición. Si no piensa como él, lo convierte en enemigo del Estado”.
Analistas políticos coinciden en que este ataque directo contra Cabal representa una amenaza a los pilares democráticos del país. Para muchos, la senadora es la figura más influyente y articulada en la oposición actual, y uno de los nombres más fuertes con miras a las elecciones presidenciales de 2026.
La gravedad de este episodio radica no solo en lo simbólico, sino en lo material: la estigmatización desde el poder puede facilitar atentados físicos, hostigamientos judiciales y acoso digital, tanto para ella como para su entorno cercano.
¿Violencia de género política?
La senadora ha advertido que estos ataques también deben leerse bajo la óptica de la violencia política por razones de género. “Soy una mujer que ha enfrentado con argumentos este gobierno, con firmeza, sin miedo. Y lo que recibo a cambio es estigmatización y peligrosas calumnias. Esto no es democracia, esto es persecución”, afirmó Cabal a medios cercanos.
La precandidata presidencial anunció que iniciará acciones legales en Colombia y en el plano internacional, incluyendo una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una instancia que ha intervenido anteriormente en casos donde actores políticos han sido objeto de persecución y amenazas por parte de regímenes autoritarios.
El silencio institucional y el precedente histórico
Para muchos, lo más alarmante ha sido el silencio de instituciones, que hasta el momento no han emitido declaraciones ni solicitado garantías para la senadora, pese a la dimensión del señalamiento que, viniendo del presidente, tiene un peso institucional descomunal.
Petro, en su trino, incluso hizo referencia al genocidio político de la Unión Patriótica (UP), trazando un paralelismo que muchos consideran irresponsable e incendiario.
«Ante hechos repetitivos, y como sucedió con el genocidio político contra la UP, la prensa tradicional se calla en silencio cómplice», escribió.
Riesgo creciente para la democracia
María Fernanda Cabal, lejos de amilanarse, ha reiterado que no dará un paso atrás en su lucha contra lo que califica como el “experimento socialista de Petro”. El país, por su parte, observa con creciente preocupación cómo se diluye el respeto institucional mientras se radicaliza el discurso político.
Se espera que en las próximas horas la aspirante presidencial radique formalmente las denuncias en instancias nacionales e internacionales. La vida de María Fernanda Cabal está en riesgo. Y con ella, la credibilidad del sistema democrático colombiano.