COMUNIDADES, POLITICA

La iniciativa busca tumbar actos legislativos aprobados entre 2016 y 2022, incluidos los que crearon la JEP y las circunscripciones de paz. Para avanzar, el comité deberá entregar más de dos millones de firmas. Este proceso pondrá a prueba la estabilidad jurídica de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado con esa guerrilla.

Valledupar, 19 de agosto de 2025. A través de la oficina de prensa, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que el pasado 29 de julio registró oficialmente un comité promotor de referendo constitucional derogatorio, cuyo objetivo es revocar buena parte de la normatividad que dio vida jurídica al Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, que fue firmado entre Juan Manuel Santos y las Farc, burlando a la ciidadanía que votó por el No al Plebiscito. Derogaría también las medidas legislativas que sustentan la llamada Paz Total.

La iniciativa ciudadana contempla 18 preguntas, dirigidas a derogar actos legislativos y leyes que establecieron pilares básicos del falso proceso de paz, como la Jurisdicción Especial, las circunscripciones de paz, las normas sobre reincorporación política, las disposiciones de amnistía e indulto, y el marco normativo sobre el monopolio de armas del Estado, entre otros.

“El registro del comité no ha implicado, hasta la fecha, una decisión de la Registraduría sobre la constitucionalidad del referendo propuesto”, precisó la entidad, subrayando que no le corresponde pronunciarse sobre si las normas objeto de derogatoria son susceptibles de eliminación por esta vía.

En ese sentido, la Registraduría también aclaró que la validez del referendo dependerá del análisis de la Corte Constitucional, “de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 241 de la Constitución”, el cual le otorga competencia exclusiva para revisar la constitucionalidad de este tipo de mecanismos.

Según la Ley 1757 de 2015, el comité cuenta con seis meses para recolectar 2.057.394 firmas, equivalentes al 5 % del censo electoral. Una vez validadas las firmas y revisados los estados contables por el Consejo Nacional Electoral, el trámite pasará al Congreso y posteriormente a la Corte Constitucional.

La iniciativa, de llegar a completarse, podría reabrir el debate nacional sobre la legitimidad del Acuerdo de Paz y la arquitectura normativa que lo respalda, poniendo a prueba el alcance del referendo como instrumento de participación frente a reformas constitucionales recientes.

La resolución establece que, desde su expedición, los impulsores de la propuesta cuentan con el aval legal para desarrollar las actividades de difusión, organización y recolección de apoyos ciudadanos.

El abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal fue designado como vocero oficial de la iniciativa. De acuerdo con el acto administrativo, Rocha será responsable de la coordinación legal, administrativa y financiera del proceso, además de ejercer la vocería pública del comité durante todas las etapas.

El proceso hacia las urnas

Con el reconocimiento formal del comité, el siguiente paso es la recolección del número exigido de firmas de ciudadanos habilitados para votar. Una vez recopiladas y verificadas por la Registraduría, y en caso de superar el umbral requerido, el organismo electoral certificará el respaldo ciudadano y remitirá el expediente al Congreso de la República y a la Corte Constitucional. Estas instancias tendrán la última palabra sobre la viabilidad de convocar el referendo.

Si bien la Registraduría no evalúa el contenido político de la propuesta, su decisión constituye un hito en el marco de los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la Constitución.

Implicaciones políticas

El anuncio se produce en un contexto en el que el Gobierno del presidente Gustavo Petro impulsa la estrategia de “Paz Total”, con la que busca ampliar los alcances del Acuerdo de 2016 mediante negociaciones con otros grupos armados ilegales y medidas de reconciliación nacional.

La eventual convocatoria de un referendo derogatorio introduce un nuevo elemento de debate en la política nacional. Para diversos sectores críticos, derogar el Acuerdo significaría desconocer compromisos que han permitido la reincorporación de excombatientes y la consolidación de instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los promotores, en contraste, sostienen que el pacto implicó concesiones desmedidas y que es necesario replantear el rumbo de la política de paz.

La autorización de la Registraduría, en todo caso, marca el inicio de un proceso que, de cumplir con los requisitos legales, podría llevar a una consulta nacional de gran impacto en el futuro del país.

Por ahora, el reto inmediato del comité será organizar su estrategia y superar la primera prueba: reunir las firmas necesarias para llevar su propuesta a la siguiente etapa.