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Valledupar, 19 de junio de 2021.- Poca trascendencia se le ha dado en los medios de comunicación al duro golpe que la semana pasada luego de labores de Inteligencia, unidades de la Octava División del Ejército dieron captura con apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación dieran captura a 11 sujetos entre hombre y mujeres, en Arauca, y en los municipios de Saravena, Tame y Fortul, y otras en Bogotá a dos redes al servicio del frente décimo de las FARC.

Afirmó un comunicado de la Fiscalía que fueron identificados 16 de estos sujetos como miembros de las estructuras criminales al servicio del narcotráfico y del terrorismo al participar en diferentes acciones y enviados posteriormente a la cárcel por su participación en la que participaban como red de apoyo

Es así como se judicializaron 11 personas entre los que habían funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales, señalados de abastecer a los terroristas de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región.

Un juez decidió ponerlos tras las rejas luego de que se lograra “abundante evidencia técnica y material de prueba, como testimonios que los señalan de haber aprovechado sus roles públicos para conseguir dotación, víveres e insumos, y trasladarlos a los campamentos del grupo criminal”. Además de identificar víctimas para ser extorsionadas.

ONGs con las que aparentaban ser defensores de Derechos Humanos, por lo que el Fiscal, Francisco Barbosa dijo que “no hay argumentos para aceptar que miembros de organizaciones no gubernamentales terminen delinquiendo y permitiendo que algunas de esas organizaciones no cumplan la función que deben cumplir, que es la de proteger los derechos humanos”.

Desde sus cargos, estos funcionarios al parecer, otorgaban contratos a integrantes o auxiliadores de los grupos terroristas para sacar provecho económico de los dineros del Estado. En otras oportunidades habrían alertado a los cabecillas de la estructura sobre las licitaciones de obras o servicios que se realizaban en el municipios de Arauca, con el fin de que exigieran al ganador un porcentaje sobre el contrato asignado”, denunció el Fiscal.

Investigadores del CTI de la Fiscalía General de la Nación y las unidades de la Octava División del Ejército Nacional lograron incautar durante los procedimientos de captura, importantes documentos y listas de artículos comprados como uniformes, carpas, riatas y medicamentos para enfermedades tropicales.

Entre los detenidos hay un secretario de la Gobernación de Arauca, dos concejales uno de Fortul y otro de Saravena, un secretario de la Alcaldía de Fortul, una coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas y cuatro personas que, supuestamente, obtuvieron vehículos, servicios y esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección UNP con amenazas falsas.

“no hay derecho a que estos delincuentes le quiten la posibilidad a tantas víctimas de este país a una verdadera protección, inventándose amenazas y, al mismo tiempo, utilizando la misma protección que les da el Estado para continuar y realizar actividades criminales”, enfatizó el Fiscal Barbosa Delgado.

También fue capturada una enfermera, quien presuntamente utilizó un documento de la Unidad Nacional de Protección UNP para movilizar integrantes de las FARC que resultaban heridos en los combates y llevarlos al hospital de Saravena, donde los hacía pasar como lesionados en accidentes de tránsito.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Delegada para la Seguridad Ciudadana imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Además, a la enfermera le formuló el cargo de asesoramiento a grupos armados organizados, teniendo en cuenta que se habría valido de su conocimiento médico.

Por disposición de la juez primera Penal Municipal de control de garantías de Cúcuta Norte de Santander, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los capturados fueron identificados como: Alexander Botía Amaya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de Arauca. Tenía medidas de protección de la UNP y a su disposición un medio de comunicación, un botón de pánico o de apoyo y un chaleco blindado.

Nini Johana Cardozo Dueña, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Hace parte del Consejo Nacional de Paz. Tenía medidas de protección de la UNP, la cuales eran extensivas a su núcleo familiar. Contaba con dos vehículos, uno de estos blindados; cuatro escoltas, un chaleco blindado y un medio de comunicación.

Jhon Alexander Romero Acevedo, representante de una fundación de derechos humanos y exgerente de la Terminal de Transportes de Tame. Ruth Pita, concejal de Fortul y secretaria de la mujer de la Asociación de Campesinos de Arauca ACA. Camilo Espinel Manrique, concejal de Saravena y secretario de Educación de la Asociación de Campesinos de Arauca ACA. Fredy Leonar Camargo Camargo, secretario de Planeación y de Infraestructura de Fortul. Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena.

Anderson Rodríguez Rodríguez, presidente de la Asociación de Campesinos de Arauca ACA. Tenía medidas de protección de la UNP y contaba con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado. Diana Carolina Molina de la Ossa, enfermera en el Hospital de Saravena y representante departamental de víctimas. Tenía esquema de protección de la UNP con un vehículo, dos escoltas, un medio de comunicación y un chaleco blindado. Helber Alonso Ramírez Castro, empleado del Banco Agrario. Danilo Huertas Roldán, representante municipal de víctimas en Saravena.