COLUMNISTAS

En el Huila hemos tenido distintas administraciones con un solo objetivo verdadero (robar), que es el común denominador en los últimos 20 años para defraudar el tesoro público y las regalías, por parte de un clan familiar asociado a un cartel de la contratación, pertenecientes a la familia Villalba Mosquera y González Villa.
Desde hace al menos 7 años vengo denunciando con nombres propios a sus determinadores, a sus cómplices y alter egos.

Todo ha sido acordado desde el palacio del mosaico, mediante la elaboración de pliegos “sastre”, a la medida del contratista agraciado, según el monto del aporte económico hecho a la campaña del gobernador, concursos elaborados por algunos ingenieros sinvergüenzas de la oficina de contratación, con la anuencia de la oficina jurídica, en asocio con un grupo mañoso de supervisores de la secretaría de vías que se prestan para legalizar el “recibo” y las “actas de liquidación” de las obras inconclusas que terminan siendo pagadas, y luego, los siguientes mandatarios, socios, como ocurrió recientemente en esta administración, sacan nuevos pliegos y licitaciones sobre las mismas obras sin terminar, con lo cual creen que han eludido las responsabilidades de sus antecesores sin tener en cuenta que, sobre las inconclusas y pagadas ilegalmente, existen pólizas de garantías de estabilidad.

Les ha llegado la hora de responder penalmente y de resarcir los daños fiscales ocasionados al erario público. La fiscalía está en la obligación de hacer parte de la investigación al lado de la Dirección Nacional de Planeación, entidad que dio comienzo a la pesquisa de algunos de los fraudes y de los desmanes en que incurrieron las administraciones de Rodrigo Villalba, Cielo González Villa, Carlos Julio González Villa, Luis Enrique Dussan López y el repitente Villalba Mosquera. Esa gravísima falta no puede soslayarse, ni debe quedar en el limbo jurídico.

En la edición del Diario del Huila del día 14 de noviembre, en la pagina 2, se informa de la revisión que la Dirección Nacional de Planeación adelanta en el departamento por la no culminación de obras financiadas con dineros de regalías. Uds. amigos, deben recordar algunas de mis denuncias, cuando en mi columna habitual que publica este importante medio de comunicación, he comentado los informes de la Contraloría General de la República, en el sentido de que, en los últimos 20 años se han perdido, en promedio, anualmente, $35.000 millones de pesos por esa descarada corrupción oficial. ¿Y que, por esos asaltos el Huila ha sido catalogado como el décimo departamento más corrupto del pais?

El periódico denuncia algunas de esas obras a saber: vía Fortalecillas -Tello; carretera Cucara – Villavieja; Los colegios de la felicidad; la vía Garzón- Puerto Triunfo; algunos sectores del circuito turístico de San Agustín, especificamnte, el tramo San Agustín- Obando; La vía cruce Salado Blanco – Oporapa; La doble calzada Los Cauchos- Rivera; La vía Neiva – Palermo. El puente sobre el rio Magdalena en el sitio de la Laguna; La vía Garzón San Antonio del Pescado, entre otras muchas, como la canalización de Rio frio en Campoalegre, etc, etc, etc
Abogamos para que de la averiguación salga algo definitivo a efecto que los responsables sean llamados, por los organismos de investigación, a diligencia de indagatoria, sin otorgarles principios oportunidad, y cuando sean declarados culpables, encerrarlos en cárcel intramural.