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Barranquilla, 23 de julio de 2021.- Unidades de la Policía en cumplimiento de un fallo administrativo que ordenaba el desalojo a 35 familia, al parecer venezolanas, llevó a cabo el procedimiento policial en el que unas 35 familias que se habían asentado en el sector conocido como La Cangrejera en el barrio Las Flores de la ciudad de Barranquilla terminó en un enfrentamiento luego de que estas personas se negaran a salir del lugar. Cabe resaltar que tampoco la Alcaldía de Barranquilla había organizado algún sitio donde reubicarlos, luego de que el fallo para desalojarlos se dé por tratarse de un lugar en el que la administración de Jaime Pumarejo tenga el proyectado llevar a cabo obras en los cuerpos de aguas que conforman la Ciénaga de Mallorquín, obras para lo cual hay un conpes firmado.
La comunidad del barrio Las Flores manifestó su apoyo con las familias por lo que el desalojo de 35 familias que habitan a orillas de la Ciénaga de Mallorquín se convirtió en una situación donde muchas personas se fueron agregando terminando la situación en disturbios por parte de la comunidad por lo que hubo la necesidad de enviar un contingente de agentes del Esmad que tuvieron que intervenir para controlar el desvarío que se extendió hasta las horas de la noche, luego de que los habitantes del sector se tomaran la vía principal desde las 2 de la tarde para protestar.
Cabe resaltar que quienes habitaban ahí tenían sus lugares aunque forma infrahumana, también lograban sus sustentos de la pesca que practicaban en esos cuerpo de agua. Las unidades de la Policía simplemente dieron cumplimiento a lo que ordena el fallo administrativo, el desalojo de estas familia a las que la Alcaldía solo les ha estado ofreciendo entre 500 mil a 1 millón de pesos lo que no les alcanzaría sino para pagar una habitación solo por uno o dos meses, no obst6ante la multimillonaria suma dispuesta para el saneamiento del Caño de la Auyama por valor de 899 mil millones construir por la suma de 105 mil millones el Ecoparque y volver a la zona turística.
Según los habitantes del sector solo fueron notificados del desalojo, hasta este miércoles. Cabe resaltar que el procedimiento policial tuvo que ser suspendido por las autoridades.
Los habitantes del sector afirman que desde el principio ha habido mal manejo por parte de la Alcaldía con las personas que han habitado el sector durante más de 20 años. Los habitantes afirman que no se oponen al proyecto sino al mal manejo en el cual se ha pretendido violar los derechos de esa comunidad.
Los habitantes solicitan además que se evalúen sus predios construidos, pero la Alcaldía alega que desde el año 2017 se les estuvo advirtiendo que no construyeran una sola pared ni levantaran una sola piedra, y que tampoco taponaran la ciénaga tratándose de una zona ambiental protegida.
Así mismo en una respuesta enviada a los medios de comunicación la Alcaldía se refiere a una serie de ofrecimientos como el arriendo durante tres meses y otras ayudas no obstante todo indica que no se dedicaron a solucionar anticipadamente la situación, sino que mandaron a la Policía sin haberle solucionado nada.