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Barranquilla, 4 de diciembre de 2020.- Empiezan a aparecer las inconsistencias del proyecto de ley aprobado por el Congreso sobre la Vacuna Experimental que estaría supuestamente actuando contra el Covid-19, y al igual que ha creado intranquilidad el virus, también lo creado la aprobación de este proyecto de ley mediante la cual se aprobó la adquisición y aplicación masiva de dicho biológico, catalogado como experimental, puesto que no se han cumplido todos los protocolos médicos científicos para poder aplicarla masivamente.
Entre las inconsistencias del proyecto se aprecia como han tenido mayor fuerza los intereses políticos y económicos globales que los de la población y sus consecuencias. Entre las denuncias que se han recogido sobre el proyecto, registra que la ley mencionada viola normas constitucionales, además de las de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en especial el Estatuto de Roma que son de obligatorio cumplimiento en Colombia, conforme al artículo 93 de la Constitución Política.
Desconoce la “Declaración de Helsinki de la AMM – Principios Éticos Para Las Investigaciones Médicas en Seres Humanos”, que es derrotero para toda clase de investigación médica, sin excepción alguna.
Impone la obligatoriedad de su aplicación, sin contener un protocolo de consecuencias, porque la vacuna hasta ahora no los tiene, pero eso sí, blinda a las farmacéuticas y al gobierno de futuras reclamaciones por los efectos de ella, contrariando los artículos 6 y 90 de la misma Constitución.
Económicamente el Estado se compromete a financiar a las farmacéuticas, sin contraprestación alguna, señalando la prioridad del acopio del recursos para la adquisición y distribución de las vacunas, que significa un costo económico que por ahora no es claro y bastante confuso.
En resumen la vacuna experimental se constituye en un atentado para los colombianos, que se convierten en población experimental, desconociendo el Ministerio de Salud, el Congreso de la República y demás relacionados con la producción de la Ley, que las normas en materia de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, no pueden ser desconocidas ni siquiera en estado de conmoción interna.