CONGRESO

El Senador Temístocles Ortega Narváez resaltó que esta iniciativa contempla normas efectivas que garantizan la transparencia en la gestión pública y privada.

“Colombia debe superar el problema de la corrupción para garantizar el desarrollo y el bienestar de todos sus Habitantes. Sin embargo, no podrá hacerlo con meras arengas demagógicas, sino a través de una normatividad de fácil implantación y que no de cavida a este flagelo”, explicó el Senador Temístocles Ortega.

Por su parte, el Representante a la Cámara Julio Cesar Triana destacó que este proyecto de ley contempla mecanismos que realmente garantizan que las obras se ejecuten y que los corruptos paguen penas severas por sus delitos.

ABC DEL PROYECTO

Fortalecimiento y aprovechamiento de las declaraciones de bienes y rentas:

• Actualmente los funcionarios públicos deben presentar la declaración de bienes y renta del último año, por lo cual se hace necesario ampliarlo a 5 años para tener un marco de observación más amplio.
• Envío de todas las declaraciones a la Contraloría General de la República. Estas declaraciones serán centralizadas en el Sistema Central de Declaraciones. La Contraloría verificará su veracidad, de acuerdo a los datos recolectados por la DIAN.

Fortalecimiento del proceso de extinción de dominio

• En los procesos penales iniciados por la comisión de delitos contra la administración pública, la fase inicial deberá ser adelantada desde la presentación del escrito de acusación.
• Cuando en el proceso de extinción de dominio se inicie por delitos contra la administración pública, la entidad pública deberá intervenir de manera obligatoria.
• El peor problema que tiene la extinción de dominio en Colombia es que solo hay 11 jueces especializados para conocerla, lo cual es totalmente insuficiente. Por lo que es necesario ampliar la competencia para que también puedan conocerla los Jueces Penales del Circuito Especializados.

Aumento del plazo de la prohibición de vender bienes sujetos a registro

• Actualmente con la formulación de la imputación en el proceso penal se presenta la imposibilidad de vender bienes sujetos a registro, sin embargo, ello solamente sucede por 6 meses, tiempo en el cual no ha terminado el juicio, por lo cual se propone su aumento a 2 años para evitar que los funcionarios se insolventen.

Medidas para evitar la corrupción en la contratación pública

• Ninguna entidad pública podrá contratar directamente más del diez por ciento de su presupuesto anual.
• Todas las entidades públicas deberán aplicar acuerdos marco e instrumentos de agregación de demanda.
• Las entidades públicas deberán publicar en sus páginas web todos los contratos públicos que celebren de forma oportuna.
• En los contratos de obra y de concesión el pago deberá hacerse contra la entrega de obras parciales. En aquellos eventos en los que no pueda hacerse, la entidad pública deberá motivar expresamente las razones para no exigirlo.
• Al final de la ejecución de cada contrato, el interventor y el representante legal de la entidad deberán evaluar su ejecución cualitativa y cuantitativamente. Esta puntuación se enviará a la Contraloría General de la República y deberá ser tenida en cuenta en todos los procesos de contratación futura.
• Al interior de las entidades públicas deberá existir un tribunal de adjudicaciones que ejerza control sobre estas decisiones para procesos superiores a 2.000 salarios mínimos.

Medidas para luchar contra la corrupción en la política y el sector público

• Fortalecimiento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
• Las entidades públicas deberán implementar sistemas electrónicos que permitan que los ciudadanos califiquen la gestión de los funcionarios públicos ante quienes realicen trámites que será tenida en cuenta en su evaluación.
• El servidor público que haga uso indebido de información incurrirá en prisión de 4 a 8 años.
• Sistematización de todas las quejas y reclamos a nivel nacional.
• Aplicación del testaferrato a todos los delitos.

Medidas contra la corrupción en el sector privado

• Establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.