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Gobernador reclama indignado el raponazo del Gobierno a los recursos de Antioquia y los demás departamentos

luis-perez-antioquiaBarranquilla, 15 de enero de 2018.- En carta de rechazo enviada por el Gobernador de Antioquia Luis Pérez, contra el Gobierno de Juan Manuel Santos, luego de que este firmara el decreto 2265 el 29 de diciembre de 2017, con el que despoja de un tajo los recursos propios de los departamentos, denuncia además que el Gobierno está violando la Constitución que en su artículo 362 que señala que “las rentas de licores y de otros monopolios son exclusivas de los Departamentos”.

Afirma Luis Pérez, que “no existe una norma que modifique esta Ley ni que diga lo contrario”. Al igual que le cita el artículo 287 de la Constitución que igualmente ordena que los Entes Territoriales gozan de Autonomía para la Gestión y administración de sus recursos”. Por lo que Luis Pérez, igualmente solicita a Santos, que de manera urgente revise la legalidad del mismo. 

El Gobernador de Antioquia profundamente indignado calificó el decreto 2265 como “centralista, retrogrado y dictatorial que le quita las rentas a las regiones para revivir y aumentar desmedidamente resucitando como a Lázaro, un centralismo proscrito por la Constitución”.

Añade Luis Pérez que es un decreto ilegal e inconveniente, además hecho “de mala leche” y a espaldas de los gobernadores que con la suficiente antelación advirtieron e hicieron las observaciones correspondientes a los Ministros de Hacienda y Salud, pero que estas no fueron tenidas en cuenta.

Luis Pérez reclama además que con este decreto, Santos está despojando en el caso de Antioquia de la suma 247 mil millones anuales, lo que impide invertir en la construcción de hospitales y compra de ambulancias.

De acuerdo con el decreto a partir de este lunes le corresponde a los gobernadores enviarles los dineros recaudados por licores, juegos de azar, entre otros a Bogotá.

Por lo anterior, este lunes 15 de enero los Gobernadores se estará reuniendo en Bogotá en busca de respeto a la autonomía a la que por Constitución tienen derecho para administrar e invertir sus recursos propios. 

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