COLUMNISTAS

Cooperación internacional, pérdidas productivas y soluciones estructurales.

En La Mojana, las inundaciones dejan una factura que pagan el agricultor que pierde su cosecha, el ganadero que ve amenazado su hato, el pescador que pierde su sustento, el comerciante que deja de vender y las familias que deben abandonar sus viviendas.

El problema de Caregato, en el río Cauca, no puede reducirse a cerrar un boquete y esperar que la próxima creciente no vuelva a poner en riesgo a la región.

Cerrar la emergencia es indispensable; resolver el problema de fondo es una obligación del Estado.

En la 1° entrega planteé: Colombia debe aprender de Israel a aprovechar el agua y de los Países Bajos a convivir con ella. Ahora debemos llevar esa reflexión al terreno: ¿cómo aprovechar ese conocimiento para proteger La Mojana y recuperar su capacidad productiva?

Las pérdidas: mucho más que hectáreas inundadas
Las cifras disponibles permiten dimensionar el problema, aunque todavía no contamos con una valoración económica consolidada y verificable de todas las pérdidas acumuladas durante 2024 y 2025.

En mayo de 2024, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó afectaciones en 7.928 hectáreas de cultivos de arroz, maíz, yuca y plátano, además de más de 8.664 bovinos y búfalos afectados en el balance de la emergencia. Por su parte, la Alcaldía de San Jacinto del Cauca estimó en 35.000 las hectáreas de cultivos perdidas tras el rompimiento de abril de ese año. Son reportes con cortes y alcances distintos; no deben sumarse como si fueran daños independientes.

En octubre de 2025, la Procuraduría alertó sobre cerca de 250.000 personas afectadas por las inundaciones en territorios de Sucre, Córdoba, Antioquia y Bolívar. La entidad también denunció la persistencia de familias en condiciones críticas y la falta de respuestas estructurales.

Detrás de esas cifras hay daños a la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio local, el transporte y la infraestructura educativa y vial. También se afectan la alimentación de los hogares, el empleo rural, la asistencia escolar y la capacidad de las familias para financiar una nueva siembra o recuperar sus animales.

No se trata de una emergencia exclusivamente ambiental. Es una crisis social y económica que compromete el patrimonio de los productores y la estabilidad de toda una región.

El país necesita una evaluación pública de las pérdidas de 2024 y 2025. Sin esa cuenta, resulta difícil medir el costo real de la inacción y comparar cuánto cuesta prevenir frente a cuánto cuesta atender cada desastre.

Países Bajos: cooperación que debe traducirse en soluciones
La experiencia neerlandesa ofrece una ruta concreta. Su programa Room for the River combinó obras de protección con ampliación de cauces y recuperación de espacios para que los ríos pudieran conducir las aguas altas con menor riesgo. La lección es que no siempre basta con levantar barreras: hay que entender la dinámica del río y planificar el territorio alrededor del agua.

Colombia no tiene que limitarse a estudiar esa experiencia desde lejos. El instituto neerlandés Deltares ya ha participado en discusiones técnicas sobre la problemática de La Mojana. Además, Colombia y los Países Bajos cuentan con antecedentes de cooperación bilateral en gestión integrada de los recursos hídricos y adaptación al cambio climático.

¿Por qué no dar el siguiente paso y promover una misión técnica de cooperación para La Mojana? Especialistas neerlandeses, ingenieros colombianos, autoridades ambientales y comunidades podrían contrastar estudios, evaluar alternativas y contribuir a una hoja de ruta con prioridades, costos, responsables y plazos.

No se trata de importar soluciones prefabricadas ni de sustituir a nuestros técnicos. Se trata de sumar conocimiento internacional a la experiencia local para tomar mejores decisiones.

Caregato: una solución que mire todo el sistema
Las obras de emergencia son necesarias, pero no equivalen automáticamente a una solución definitiva. El Fondo Adaptación ha señalado la necesidad de estudiar las condiciones hidráulicas, geomorfológicas, ambientales y operativas del sistema para formular intervenciones de mayor alcance.

La respuesta debe considerar la relación entre el río Cauca, las ciénagas, los caños y la planicie de inundación. Según los estudios, habrá que determinar dónde reforzar protecciones, cómo recuperar la funcionalidad hidráulica y qué medidas pueden reducir la exposición de las comunidades.

Cada obra debe tener sustento técnico, presupuesto, mantenimiento y seguimiento. También debe existir coordinación efectiva entre las entidades nacionales, los departamentos, los municipios y las autoridades ambientales. La improvisación y las intervenciones aisladas no pueden seguir siendo la respuesta recurrente.

Proteger el territorio es proteger la producción
La Mojana es un territorio de agricultura, ganadería, pesca, comercio y familias que dependen del equilibrio entre el agua y la tierra.

La gestión del riesgo debe conectarse con la recuperación productiva: vías transitables, alertas tempranas, asistencia técnica, acceso al crédito y mecanismos para recuperar cultivos y actividades económicas después de las emergencias.

Desde el barro y la boñiga sabemos que una finca inundada no se recupera con un comunicado. Se recupera cuando el suelo vuelve a producir, los animales tienen alimento, las vías permiten sacar la cosecha y el productor encuentra quién se la compre.

La tercera entrega de esta serie abordará cómo convertir el agua en una oportunidad para La Guajira y el Cesar: El Cercado, los distritos de riego, la Alta Guajira y las inversiones necesarias para transformar infraestructura en productividad.

Cerrar un boquete puede contener una emergencia. Proteger La Mojana exige ciencia, cooperación internacional, inversión bien ejecutada y decisiones que se cumplan. Cada invierno sin una solución estructural tiene un costo humano y productivo que Colombia no debería seguir aceptando.

@lacoutu