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Valledupar, 24 de agosto de 2026.- Se conoció el documento del proyecto de decreto del Ministerio de Educación que modificaría artículos del Decreto 1075 de 2015, en donde plantea que privados puedan dirigir, administrar y operar colegios oficiales hasta por 12 años con personal bajo régimen laboral privado.

También contempla contratos con iglesias y confesiones religiosas para desarrollar estrategias pedagógicas en establecimientos de educación pública.

El Gobierno, en cabeza de la Ministra de Educación, preparan un proyecto de Decreto para profundizar la privatización de los colegios en el país. Tras las declaraciones recientes sobre la ideología de género, la ministra deja claro cuál es el proyecto con el que se busca transformar el sistema educativo: mercado educativo y educación religiosa, para acabar con el adoctrinamiento marxista de la juventud.

El proyecto de Decreto presentado contiene una transformación menos visible pero mucho más profunda y estructural: busca separar jurídicamente la “prestación” del servicio educativo de su “administración”.

Actualmente, la contratación privada debe ser excepcional y estar sustentada en la insuficiencia de docentes, infraestructura o capacidad oficial. El proyecto mantendría este requisito para contratar la “prestación” del servicio, pero excluiría de él los contratos de “apoyo a la administración”.

Así, un privado podría dirigir y operar un colegio oficial, aportar el proyecto y la orientación pedagógica, contratar docentes bajo el régimen laboral privado y administrar la infraestructura hasta por 12 años, pero sería considerado simplemente un “colaborador” de la entidad territorial y no el prestador del servicio.

El proyecto también reafirma la posibilidad de contratar con iglesias y confesiones religiosas para intervenir mediante estrategias de desarrollo pedagógico en colegios oficiales. Se perfila así el binomio educativo del nuevo Gobierno: gestión privada de lo público y mayor intervención religiosa en la educación.

Tener en cuenta que el apoyo religioso está desde el decreto de 2015.

La propuesta aparece justo cuando Bogotá debe decidir el futuro de 22 contratos de colegios en concesión o administración que vencen este año.