COLUMNISTAS

La Agenda para la Competitividad y Modernización del Sector Agropecuario dejó planteadas cuatro columnas maestras: agua, vías, crédito y mercado.

Pero una cosa es construir la infraestructura y otra, muy distinta, lograr que llegue de verdad hasta el productor y se convierta en más producción, más empleo y más plata en el bolsillo de quien madruga todos los días para trabajar la tierra.

Ahí está el verdadero nudo.

Colombia tiene una frontera agrícola de 42.944.940 hectáreas, según la actualización de la UPRA. Tenemos tierra, agua, diversidad de pisos térmicos, dos océanos y una posición geográfica privilegiada.

Lo que todavía no tenemos es la productividad que ese potencial permite.

La pregunta, entonces, no es cuánta tierra tenemos. Es cuánto producimos por hectárea, cuánto nos cuesta producir y cuánto de ese valor termina realmente en manos del empresario agropecuario.

La primera gran brecha, el agua.

Colombia tiene 18,4 millones de hectáreas con potencial para adecuación de tierras, pero apenas alrededor del 6 % cuenta actualmente con ese servicio. La comparación con países de nuestra propia región resulta contundente: México llega al 66 % y Chile al 44 %.

No estamos hablando de Holanda ni de Australia. Estamos hablando de países latinoamericanos que entendieron hace tiempo que el agua no solamente sirve para beber: también es infraestructura para producir.

El riego ya no puede seguir siendo considerado una obra complementaria. Es una condición de productividad y, frente a la variabilidad climática, también una herramienta de prevención.

La paradoja colombiana es sencilla: tenemos agua, pero no siempre disponible cuando el cultivo la necesita y donde el productor la necesita.

El mejor ejemplo lo tenemos en La Guajira: El Cercado, sobre el río Ranchería.

El embalse tiene capacidad para almacenar 198 millones de metros cúbicos y los distritos de adecuación de tierras Ranchería y San Juan del Cesar fueron proyectados para irrigar 18.536 hectáreas y beneficiar a 1.029 familias. El proyecto fue concebido además con componentes de abastecimiento de agua y generación hidroeléctrica.

Es una obra estratégica.

Pero aquí está la lección que debemos aprender: la represa no es el proyecto completo.

Hoy El Cercado cumple una función fundamental al regular durante todo el año el caudal del río Ranchería y permitir el suministro hacia el sector que beneficia a Fonseca y Distracción. Pero para buena parte de los empresarios del campo de la región, la obra todavía no se ha convertido en el sistema productivo integral que fue concebido para ser.

Tenemos el agua almacenada, pero falta terminar de llevarla hasta donde debe producir.

Faltan por consolidar las obras complementarias, las conducciones, los drenajes y las conexiones intraprediales que permitan que ese recurso se convierta efectivamente en hectáreas productivas, empleo y riqueza.

El agua que no llega a la parcela es agua que no produce.

Y esa espera también tiene un costo. Lo paga el productor que no puede planificar su siembra con seguridad, que debe asumir mayores riesgos climáticos y que observa cómo una inversión pública de semejante magnitud todavía no despliega todo su potencial productivo.

Una represa puede regular un río; un sistema de riego completo puede transformar una región.

Con las vías ocurre exactamente lo mismo.

Colombia tiene 142.284 kilómetros de vías terciarias, equivalentes al 69 % de toda la red vial del país. Pero apenas el 19 % está en buen estado; 41 % está en estado regular y 40 % en mal estado, según cifras del DNP.

Eso significa que para miles de productores la competitividad empieza mucho antes de llegar a una carretera nacional.

Una cosecha que no sale a tiempo pierde valor. Un insumo que llega con sobrecosto encarece la producción. Y un productor aislado de los mercados termina vendiendo barato, no necesariamente porque produzca mal, sino porque no tiene cómo negociar mejor.

La consecuencia también se refleja en los alimentos que no llegan a la mesa. El DNP calcula que Colombia pierde y desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, equivalentes al 34 % de la oferta nacional disponible. Una parte importante de esas pérdidas ocurre antes de llegar al consumidor.

Son toneladas de agua, tierra, fertilizantes, combustible, trabajo y capital que se van por el caño.

Por eso los cuatro pilares de nuestra sexta entrega no pueden funcionar separados:

Si falla el agua, baja la productividad.
Si fallan las vías, suben los costos.
Si falla el crédito, no se puede invertir.
Si falla el mercado, se pierde el margen.

Y cuando fallan varios al mismo tiempo, el productor termina cargando con buena parte de los costos y capturando una porción mínima del valor.

Aquí cobra sentido una visión como la del Diamante Agropecuario Caribe y Santanderes, impulsado durante la administración de Rubén Darío Lizarralde: pensar el territorio de manera integrada, identificar sus vocaciones productivas y conectarlas con infraestructura, financiación, agroindustria y mercados.

La idea de fondo sigue vigente: el productor rural no puede ser eternamente receptor de subsidios. Tiene que convertirse en propietario, empresario y generador de riqueza.

Para eso necesitamos que la infraestructura llegue hasta la finca.

Que el agua llegue al cultivo.

Que la vía llegue al predio.

Que el crédito llegue a tiempo.

Y que el producto llegue al mercado en condiciones que remuneren el trabajo y el capital invertido.

Frente al riesgo climático también debemos cambiar la lógica. Un seguro puede ayudar a soportar el golpe de una pérdida. Pero una infraestructura hídrica bien diseñada puede ayudar a evitarla.

Esa es la diferencia entre reaccionar y anticiparse.

Desde el barro y la bosta, la conclusión es elemental:

No necesitamos más obras para inaugurar. Necesitamos sistemas productivos completos para producir.

Colombia no tiene que descubrir que posee un enorme potencial agropecuario. Tiene que cerrar la distancia entre ese potencial y sus resultados.

Por eso esta Agenda seguirá avanzando sobre esa brecha. En las próximas entregas entraremos en los instrumentos que deben convertir esa infraestructura en productividad, tecnología, transformación, valor agregado y acceso real a los mercados.

Porque el verdadero desarrollo rural comienza cuando una obra pública deja de ser solamente cemento, concreto y presupuesto ejecutado, y se convierte en una hectárea productiva, un productor próspero, un empleo formal y una región generadora de riqueza.

Ese es el campo que Colombia necesita construir.

@lacoutu.